Según ha informado el Departamento de Justicia, en el marco de ese acuerdo de colaboración, ambos se reunirán en Barcelona el próximo 12 de diciembre con el fin de analizar la experiencia de Navarra en el ámbito de la justicia restaurativa, dado que esta comunidad hace años que impulsa programas innovadores en la materia aunque no dispone de una ley integral que la regule, como tampoco la Generalitat.
Cerca de 5.000 personas, entre denunciados y víctimas, participaron el año pasado en Cataluña en procesos de justicia restaurativa, que permiten reparar el daño causado a través de un proceso de mediación, y la mitad de ellos finalizaron con un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
La justicia restaurativa apuesta por promover acuerdos en la resolución de delitos, de forma que los denunciados reparen el daño causado y se impliquen activamente en la solución de conflictos, con la ayuda de una tercera persona.
Puede utilizarse tanto como alternativa a la causa penal, especialmente en el caso de delitos leves, como de complemento que persigue humanizar los procesos, en beneficio tanto de la víctima como del infractor.
El año pasado, un total de 4.712 personas culminaron un proceso de justicia restaurativa en Cataluña, en el 40% de los casos por delitos contra la libertad, seguido de las lesiones (25,1%) o contra el patrimonio (23,6%).
La duración de un proceso de justicia restaurativa suele ser de 54 días como promedio, según datos del Departamento de Justicia, que hace 32 años desarrolló un programa de mediación y reparación penal en el ámbito de los menores de edad por el que han pasado 40.000 jóvenes.
Aunque desde hace años trabaja en programas innovadores de impulso y fomento de la justicia restaurativa, la Generalitat tiene el objetivo de desplegar al máximo sus competencias en el fomento de este mecanismo para la resolución de conflictos.
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