Las VII Jornadas de Justicia Gratuita, que se celebran hoy y mañana en el Colegio de Abogados de Elche bajo el lema “Más iguales ante la ley”, reconocieron la “extraordinaria labor” de los abogados de oficio durante la pandemia y analizaron las novedades que ha introducido el nuevo Reglamento, que, para los ponentes, ha supuesto una “ocasión perdida” para mejorar la asistencia jurídica gratuita.

En la inauguración la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, tuvo un “recuerdo emocionado” para la isla de La Palma, donde los abogados de oficio están ofreciendo asesoría legal a los damnificados por el volcán.

Ortega, y todas las personalidades que intervinieron en el acto –Carlos González Serna, alcalde de Elche,  Gabriela Bravo, Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana, Pilar De la Oliva Marrades, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ángela María Coquillat Vicente, presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, Antonio Morán Durán, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Vicente Pascual, Decano de Elche-  coincidieron en destacar la ”extraordinaria labor” realizada por los abogados de oficio durante la pandemia para seguir garantizando ese derecho.

“Cualquier persona en situación de vulnerabilidad que necesite esa asistencia jurídica sabe que va a tener profesionales comprometidos y esa es una de las fortalezas de la democracia”, afirmó la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.

Una de las primeras ponencias analizó en detalle el nuevo Reglamento de Justicia Gratuita, que entró en vigor en marzo.  “El objetivo de este reglamento, según su preámbulo, es reforzar la tutela judicial efectiva. Yo no he encontrado nada que la refuerce. El justiciable sale como entró con este reglamento”, afirmó en su intervención Javier Manuel Martín García, decano del Colegio de Valladolid.

Sobre el nuevo Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, Martín García lamentó que entre sus funciones no aparezca la de “unificar criterios entre los reinos de taifas”, como reclamaba la Abogacía. “Decepcionantes sus funciones y también su composición” -de sus 19 miembros solo 1 pertenece a la abogacía-.

Sí se valoró positivamente por parte de los ponentes la nueva liquidación mensual – aunque el decano de Valladolid advirtió de que “la trampa es que los tres últimos meses de año podrán ser objeto de pago en el ejercicio siguiente”-.

Otro de los puntos positivos del nuevo Reglamento es que detalla –“por primera vez en una norma con rango legal”- los requisitos para acceder al turno. El primero, el tener despacho único o principal en el ámbito del colegio responsable del servicio y estar inscrito en este. Este requisito dio lugar a un animado debate entre los asistentes sobre si solo se debería poder ejercer el turno de oficio en el colegio en el que se está inscrito como ejerciente residente. “Se debería insistir en que solo se puede estar dado de alta para el turno de oficio en un colegio, los colegios deberían apurar el control”, afirmó Luis Nieto Guzmán de Lázaro, vocal de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo de la Abogacía.

El segundo requisito es contar con tres años de colegiación, algo que algunos consideran excesivo –“bastaría con el Máster“, señaló el decano de Valladolid- , y el tercero, haber superado los cursos o prueba de acceso establecidos por los colegios para acceder al servicio.

Los participantes también lamentaron que el nuevo reglamento no haya solucionado que se garantice el cobro de todas las actuaciones realizadas por los abogados de manera obligatoria por designación judicial. “Se ha solucionado de manera parcial”, dijo la presidenta del Consejo, Victoria Ortega.

En el primer día de las jornadas se abordaron también los efectos procesales de la designación por turno de oficio, en una ponencia a cargo del abogado Federico Camarero y Ana González Iglesias, vocal de la Subcomisión de Extranjería del Consejo.  “El certificado del Colegio otorgando el beneficio de la justicia gratuita concede al abogado de oficio la defensa y representación del ciudadano extranjero. Pero cuando el abogado de oficio llega al contencioso administrativo le dicen que traiga a su cliente para que nos de su consentimiento y nos inadmiten a trámite todos los recursos porque está en paradero desconocido y no se da la tutela judicial efectiva”, lamentó González Iglesias.

La privatización de los servicios de asistencia y orientación jurídica, y su creciente digitalización son otros de los temas que se tratarán.