El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad de Madrid, con la que se da luz verde al nuevo sistema de pagos mensual por asistencia jurídica gratuita. De esta manera, los abogados y procuradores cobrarán sus servicios a mes vencido, en lugar de hacerlo de forma trimestral como ocurría hasta ahora. El nuevo modelo empezará a aplicarse a partir de enero de 2019, al establecerse un periodo transitorio para que los colegios profesionales de abogados y procuradores puedan adecuarse a esta nueva modalidad de pago.
El cambio que se ha introducido en el Decreto implica que los Consejos Generales de Abogados y de Procuradores deberán remitir a la Consejería de Justicia las certificaciones de los servicios prestados en materia de asistencia jurídica gratuita dentro de los 15 días siguientes a la finalización de cada mes. La Consejería de Justicia librará los pagos en función de estas certificaciones, tras su comprobación. Si es necesario, llevará a cabo regularizaciones posteriores una vez se cumplimente, en su totalidad, la justificación anual.
El nuevo sistema aprobado permite agilizar al máximo la tramitación de las certificaciones presentadas por los colegios profesionales y que los pagos puedan realizarse mes a mes; dando respuesta, desde el Gobierno de Ángel Garrido, a una de las reivindicaciones históricas de abogados y procuradores y cumpliendo con uno de sus compromisos electorales, el de “agilizar los pagos de asistencia gratuita del turno de oficio para garantizar el derecho de la defensa de las personas con menos recursos económicos y actualizar los honorarios” (medida 298 del programa electoral).
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Más inversión en justicia gratuita
La Comunidad de Madrid va a destinar este año un total de 48,6 millones de euros a asistencia jurídica gratuita (justicia gratuita más turno de oficio), lo que supone un incremento de cerca del 53 % desde el inicio de la legislatura.
Del total de la partida prevista para este año, 42,8 millones son para los abogados y 5,8 millones para los procuradores. Los pagos para la asistencia jurídica gratuita se realizan a través del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba a los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares, y del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, en el que está integrado el Colegio de Procuradores de Madrid.
Con estos pagos se financian las actuaciones profesionales del turno de oficio, la asistencia letrada al detenido, la tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita y los costes que estos servicios generan para los colegios profesionales; garantizando de esta forma, la asistencia jurídica a todas aquellas personas que carecen de los recursos económicos suficientes; siendo la segunda comunidad autónoma en inversión en asistencia jurídica gratuita según el XII Informe del Observatorio de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española referido a 2017.
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