Continuando con las acciones promovidas desde el Colegio de Abogados de Madrid en el VIII Día de la Justicia Gratuita, se ha celebrado en la Bibliotea del ICAM una mesa redonda sobre los “40 años de la Constitución Española. La justicia como pilar del estado de Derecho”. Moderada por el decano José María Alonso, han intervenido Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Soledad Becerril, ex ministra de Cultura y ex Defensora del Pueblo; y los abogados Antonio Garrigues, presidente de la Fundación Garrigues, y Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional.
Alonso ha recordado en su intervención las palabras de su homónimo, Pedrol Rius, en “su encargo a los Colegios de Abogados de defender el desarrollo del Turno, y a su vez la carga de dar respuesta a los ciudadanos en sus necesidades de justicia”. Para el decano, esto se ha conseguido, aunque quedan muchas reivindicaciones y “no vamos a cejar en nuestra lucha por lograrlas”, afirmó.
Marchena, que comenzó su intervención en el sentido de que “no podemos hacer una mención puramente apologética”, apuntó a que existe una “cicatería histórica con la administración de Justicia y en la dotación de medios al sistema judicial”. Sin embargo, lejos de transmitir un mensaje de resignación, el magistrado insistió en que hay que ser “reivindicativo, pues el Turno sigue desempeñando una función absolutamente indispensable, constituyendo un trabajo de claro contenido social”. Por ello, manifestó su “apoyo simbólico” a las exigencias de una retribución digna en la justicia gratuita.
Becerril, por su parte, refirió la labor desde el defensor del ciudadano: “las quejas tramitadas por el defensor demuestran que hay un problema en la Administración de justicia”, señaló, explicando que ellos no analizan ni enjuician las resoluciones, pero sí actúan frente a las quejas de excesivas dilaciones, emitiendo un informe al Consejo del poder Judicial o al Ministerio con una recomendación.
La exministra también quiso acordarse de las víctimas de de terrorismo, cuyo padecimiento y dolor “es imposible que termine nunca”, declaró, haciendo hincapié en las causas pendientes de resolver y en las que no se ha podido deducir su autoría. “Esto preocupa y duele muchísimo”, indicó.
“La Constitución Española es, sin disputa, la más garantista de todos los países desarrollados”, aseveró Rodríguez Arribas. Por eso, para el expresidente del Tribunal Constitucional “resulta doloroso e indignante” cómo se ha puesto en duda por “algunos colegas belgas” la calidad de nuestro sistema y el compromiso con la defensa de los derechos humanos por parte de los operadores jurídicos.
En este sentido, en la línea de las palabras del decano —“en Justicia no se puede hablar de gasto, sino de inversión”—, para Rodríguez “los políticos, que son los que administran el dinero público, no se han convencido de que la inversión en justicia es la mejor que pueden hacer, pues, aunque quizá una legislatura no baste para apreciarlo, invertir en justicia significa seguridad y significa empleo”.
Con la mirada puesta en el largo plazo, Garrigues señaló que “el estamento jurídico en su conjunto está viviendo una época apasionante pero también inquietante, no tenemos las claves de qué deparará el futuro, y tenemos que esforzarnos en ello, o acabaremos por no tener peso en la sociedad.
Así, para el presidente de la Fundación Garrigues, temas como la relación entre la justicia y los medios de comunicación, el estatuto de las personas electrónicas, o la neurociencia, merecen atención y respuesta del mundo jurídico. “También tenemos que innovar”, defendió, recordando que el Derecho no es amateur a la hora de crear conceptos (v. g. persona jurídica). Además, recalcó que, en unos tiempos en los que “los populismos copan la sociedad”, la abogacía tiene mucho que decir.
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