El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha sacado a consulta pública el anteproyecto de ley de Justicia Pública Gratuita para recabar las iniciativas y opiniones de los ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre esta norma que va a sustituir a la actual, vigente desde 1996.

La nueva ley tiene como objetivo modernizar la regulación del servicio público de asistencia jurídica gratuita, para adecuarla a las necesidades actuales, especialmente en lo relativo a la insuficiencia de recursos para litigar, el ámbito personal de aplicación, los requisitos para tener derecho a esta prestación o la organización de los servicios de asistencia jurídica especializada y turnos de oficio, unas cuestiones que han sido reclamadas por la Abogacía.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita, recogido el artículo 119 de la Constitución, se configura en el servicio público de asistencia letrada, defensa y representación gratuita organizada por el Ministerio y por las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, contando con la participación de los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Procuradores de los Tribunales de España.

En la actualidad, España es el país con más actuaciones de asistencia jurídica de toda Europa, cuenta con más casos de asistencia jurídica por cada 100.000 habitantes, con una cifra de 3.379 actuaciones, muy por encima de la media de 734, según el último informe de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ), que evalúa los sistemas judiciales europeos.

Sin embargo, es el tercer país de la Unión Europea que peor retribuye el turno de oficio, según un reciente informe de la Comisión Europea.