Ya en el mes de julio de 2019 las entidades INTERcids, Operadores Jurídicos por los Animales, Abogacía Andaluza por la Defensa Animal (AADA) y la Asociación Animalista Libera!, presentaron alegaciones a la incoación del procedimiento para la inscripción de la montería y la rehala como Bien de Interés Cultural (BIC) de Andalucía. Las asociaciones ponían de manifiesto una serie de cuestiones que no se habían tenido en cuenta en dicho expediente, tan relevantes y vinculadas directamente con las citadas actividades como el bienestar de los animales, la protección de los menores de edad y el impacto medioambiental y social del sector cinegético.
En dichas alegaciones, las entidades sostienen mediante evidencias de carácter legal, científico, ético y social, que en la caza concurren una serie de elementos cuestionables a la luz de los valores actuales surgidos a partir de una nueva sensibilidad: el sufrimiento y muerte de los animales, el riesgo de muerte y de lesiones para las personas, incluidos menores de edad, y la violencia inherente a la actividad, por lo que no se dan las circunstancias que justifiquen declarar dicha actividad como BIC.
La tradición como criterio no es suficiente
INTERcids, AADA y Libera señalan que las alegaciones no están formuladas ante la actividad cinegética de manera general, sino ante la decisión de una administración pública de elevar a una categoría privilegiada unas actividades cinegéticas concretas. A pesar de que no pueda negarse su tradición y su arraigo, las entidades alertan de que estos criterios no permiten justificar dicha resolución, especialmente si se tienen en cuenta los beneficios que comporta la inscripción como BIC en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz: ventajas fiscales y la protección especial del Gobierno andaluz que deberá divulgar la montería y la rehala como parte de la cultura andaluza, dedicando recursos de las arcas públicas para este fin.
La reacción de la Junta de Andalucía
Ante tales alegaciones, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha respondido con un informe del todo insuficiente, desde el punto de vista de forma como de fondo. En primer lugar, la contestación a las alegaciones formuladas carece de una justificación y motivación suficiente, especialmente teniendo en cuenta que la misma emana de un organismo publico y, consecuentemente, provoca una grave situación de indefensión, vulnerando así los derechos de los administrados. En segundo lugar, la contestación no atiende a ninguna de las cuestiones de fondo planteadas en el escrito de alegaciones, evitando así entrar en materia jurídica. Por el contrario, el informe se basa únicamente en parámetros económicos y sociales que, por otra parte, no constan probados en ninguna fuente pública oficial.
Interpondrán medidas legales
Debido a esta situación, las entidades que presentaron las alegaciones están estudiando la posibilidad de interponer medidas, tanto en vía administrativa como judicial. Cabe mencionar que estas entidades no son las únicas que han presentado alegaciones. Ecologistas en Acción, por ejemplo, también presentó las suyas, considerando señalando que “de aprobarse la protección de la montería y la rehala como BIC causará prevalencia e indefensión al público usuario de los espacios naturales andaluces.”
Las tres entidades alertan de que la montería y la rehala, actividades que ahora se pretenden inscribir como BIC de Andalucía, implican por su propia naturaleza una serie de impactos negativos que no pueden obviarse y que deben ser tenidos en cuenta a la hora de tomar una decisión administrativa tan importante como es elevar dichas actividades a bienes de interés cultural.
Entre estos múltiples impactos destacan las restricciones en el uso del espacio en el medio rural, impidiendo que se desarrollen otras actividades de ocio; la presencia y participación de menores de edad en una actividad intrínsecamente violenta en la que se usan armas de fuego, con el riesgo que esto comporta; los accidentes que suceden frecuentemente, a menudo con resultado de muerte; el impacto sobre la biodiversidad, el equilibrio ecológico y los hábitats, especialmente los espacios protegidos, y el sufrimiento tanto de los perros usados para cazar como de los animales presa.
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