Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, conocida por Economist & Jurist y El Confidencial Digital, confirma la actuación del Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ) en un asunto particular sobre la intervención en decisiones judiciales y la apertura de expedientes disciplinarios a magistrados, constituyendo un hito fundamental en la interpretación y aplicación del principio de independencia judicial. Esta decisión judicial no solo refuerza la autonomía de los jueces en el ejercicio de sus funciones, sino que también delimita con claridad las competencias y límites del CGPJ, en consonancia con la Constitución Española y la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ).

El principio de independencia judicial, que se deriva del artículo 117 de la Constitución Española, se erige como uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. Este precepto constitucional dispone que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados que forman parte del poder judicial. Estos jueces y magistrados son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente al imperio de la ley. Esta independencia implica que los jueces, en el ejercicio de su función jurisdiccional, deben actuar libres de cualquier tipo de influencia externa, ya sea del poder ejecutivo, del legislativo o de cualquier otra entidad, incluido el CGPJ.

Debe tenerse presente que el CGPJ, como órgano de gobierno del poder judicial, tiene la responsabilidad de velar por la independencia de los jueces y magistrados, asegurando que estos puedan ejercer sus funciones sin interferencias. No obstante, esta responsabilidad no le otorga al CGPJ la facultad de intervenir en la actividad jurisdiccional propiamente dicha. En otras palabras, el CGPJ no puede revisar, modificar o cuestionar las decisiones judiciales adoptadas por los jueces en el legítimo ejercicio de sus funciones. Esta separación de competencias es esencial para mantener la independencia judicial y evitar cualquier interferencia que pueda comprometer la imparcialidad y objetividad de las decisiones judiciales.

En el caso concreto abordado por el Tribunal Supremo, se planteó una demanda contra un magistrado por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones durante la instrucción de un caso. El letrado de una de las partes denunciaba la falta de diligencia del magistrado al no practicar ciertas diligencias solicitadas y alegaba irregularidades como una detención ilegal del principal acusado. Ante esta situación, el abogado solicitó no solo la imposición de una sanción disciplinaria al magistrado, sino también la realización de todas las pruebas solicitadas. Sin embargo, el CGPJ, a través de su Promotor de Acción Disciplinaria, decidió archivar la denuncia al considerar que el órgano de gobierno de los jueces no tiene competencias para juzgar las decisiones judiciales, las cuales están amparadas por la independencia que la Constitución otorga a los jueces.

El Tribunal Supremo, al revisar el asunto, respaldó la actuación del CGPJ y reafirmó que las decisiones judiciales deben ser combatidas exclusivamente mediante los recursos procesales establecidos en la ley, como el recurso de apelación o de casación, y no a través del cauce disciplinario. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo subrayó que el CGPJ no puede "entrar a dilucidar cuestiones jurisdiccionales sobre las que se haya pronunciado un juez en el legítimo ejercicio de sus funciones". Esta afirmación es congruente con el artículo 12.3 de la LOPJ, que prohíbe a los órganos de gobierno del poder judicial, incluidos el CGPJ, dictar instrucciones sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico en el ejercicio de la función jurisdiccional.

El principio de independencia judicial está intrínsecamente vinculado con el respeto a los derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva, garantizada en el artículo 24 de la Constitución Española. Este derecho asegura que todas las personas tienen acceso a un juez imparcial y que sus casos serán escuchados de manera justa y equitativa. La independencia judicial es, por tanto, una garantía fundamental para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, ya que asegura que los jueces pueden actuar sin presiones ni influencias externas, basándose únicamente en la ley y en los hechos probados.

En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo también pone de relieve la importancia del respeto a las competencias y funciones de cada órgano dentro del sistema judicial. El CGPJ, aunque es responsable de la administración y supervisión del poder judicial, no tiene la facultad de inmiscuirse en la labor jurisdiccional de los jueces. Su función se limita a garantizar que los jueces puedan ejercer sus funciones con independencia y a adoptar medidas disciplinarias únicamente en casos de conductas personales que infrinjan las normas éticas o legales, pero nunca por el contenido de sus decisiones judiciales.

Este marco normativo y jurisprudencial establece un delicado equilibrio entre la independencia judicial y la responsabilidad. Si bien los jueces son independientes en la toma de decisiones, también están sujetos a un régimen de responsabilidad disciplinaria, penal y civil, conforme a lo establecido en las leyes. Este régimen de responsabilidad está diseñado para asegurar que los jueces actúen de acuerdo con la ley y los principios éticos, pero sin comprometer su autonomía en la interpretación y aplicación del derecho. La LOPJ, en su artículo 16, establece que los jueces y magistrados solo pueden ser sancionados disciplinariamente de acuerdo con lo dispuesto en la ley, y únicamente en casos de infracciones graves.

La decisión del Tribunal Supremo destaca también la importancia de los recursos legales como mecanismo para impugnar decisiones judiciales. En lugar de recurrir al CGPJ para cuestionar las resoluciones de los jueces, las partes deben utilizar los recursos procesales previstos en la ley, como la apelación, la revisión o el recurso de casación. Estos recursos son las vías adecuadas para corregir posibles errores o injusticias en las decisiones judiciales, garantizando al mismo tiempo la independencia del juez que tomó la decisión original.

En el ámbito del derecho comparado, la independencia judicial es un principio reconocido y protegido en la mayoría de los sistemas jurídicos democráticos. La concepción de la independencia del poder judicial en España, tal como se recoge en la Constitución y en la LOPJ, es coherente con los estándares internacionales de derechos humanos y libertades fundamentales. Documentos como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, todos ellos suscritos por España, subrayan la importancia de una judicatura independiente como garantía esencial de un juicio justo y equitativo.

En definitiva, la comentada sentencia del Tribunal Supremo y la actuación del CGPJ en este caso refuerzan el principio de independencia judicial en España, asegurando que los jueces puedan ejercer sus funciones sin interferencias indebidas y que las decisiones judiciales sean impugnadas únicamente a través de los recursos procesales establecidos. Este marco legal y jurisprudencial no solo protege la autonomía de los jueces, sino que también garantiza la integridad y la imparcialidad del sistema judicial, manteniendo la confianza pública en la justicia como un pilar fundamental del Estado de Derecho. La correcta interpretación y aplicación de estos principios es esencial para preservar la separación de poderes y asegurar que la justicia sea administrada de manera justa, imparcial y conforme a la ley, atendiendo al tenor del artículo 117 de la Constitución Española.