Murcia, 18 dic (EFE).- El magistrado Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha afirmado este lunes en Murcia que le "duele" como ciudadano, "y por supuesto como juez", el debate abierto en torno a la figura del "lawfare", si bien ha subrayado que no tiene encaje en el sistema jurídico español porque es "inviable legalmente".

Martínez Moya, perteneciente a la llamada ala conservadora del órgano de gobierno de los jueces, ha hecho estas declaraciones durante el foro debate La Luz, en el que ha estado arropado por la cúpula del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que él presidió entre 2004 y 2015 y a cuya sala de lo social se reincorporó el pasado septiembre.

"Los jueces no pueden ser intimados para declarar", ha aclarado también el magistrado, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, en referencia a las comisiones parlamentarias que se están constituyendo en el Congreso en virtud de los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez.

Ha recordado que durante su etapa como miembro de la comisión permanente del Consejo llegaron en 2016 y 2017 sendas solicitudes de comparecencia de jueces de dos parlamentos regionales, y se contestó que la "ley lo prohíbe, y sería un atentado contra la autoridad judicial".

Ha refrendado las quejas expresadas la pasada semana por el presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, por el clima de crispación y los insultos a jueces y magistrados vertidos por diputados independentistas, y ha subrayado: "nos podrán atacar, pero con balas de fogueo".

Sobre el pleno que celebrará este jueves el Consejo, ha informado de que entre los puntos del orden del día figura el debate sobre el "lawfare" y los mecanismos de protección del sistema judicial "cuando se es objeto de señalamiento", y ha reiterado que no imagina un escenario en el que los miembros de la carrera judicial tengan que ser llamados a declarar a sede parlamentaria.

"En otros países con sistemas más débiles se dan esas circunstancias, pero en España es inimaginable", ha subrayado.

Ha abundado en que los 5.600 jueces y magistrados están "muy comprometidos con el estado de derecho", ha apuntado que esa solidez del sistema "se demostró con la crisis del procés", y ha augurado que "si pretenden llevar a cabo un 'acoso y derribo' lo van a tener difícil, entre otras cosas, porque chocarán con la Constitución, con las leyes, con el propio ordenamiento de la Unión Europea y con los principios de un estado de derecho moderno como el nuestro".

Preguntado por la ley de amnistía, ha dicho que en unos meses se conocerá el informe solicitado por el Senado al Consejo General del Poder Judicial y, tras insistir en que no se puede hacer una calificación global en estos momentos, el proyecto legislativo "atraviesa" a priori "muchos derechos fundamentales en su aplicación práctica, como por ejemplo en lo relativo a la igualdad y al derecho de tutela efectiva".

Ha advertido también de la posibilidad de que los jueces planteen, de aprobarse la ley, cuestiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de los delitos de malversación o de terrorismo, y será en esa instancia, ha añadido, cuando se determinará si "esas cuestiones chocan contra las directivas europeas que prohíben la corrupción y todo lo relativo a la malversación de caudales".

Asimismo, sobre la renovación del Consejo, ha dicho que se siente "legitimado, pero no cómodo" por la situación de "interinidad" en que se encuentra, y ha asegurado que se descartó en su momento la dimisión en bloque de sus miembros "por responsabilidad".

En ese sentido, ha abogado por "poner el foco en los dos grandes partidos, que son los que tienen los votos", y ha apelado al consenso al afirmar: "ceder no es perder".

"Echo en falta esa responsabilidad y hay que tener altura de miras para la renovación", ha zanjado.