Barcelona, 23 nov. (EFE).- La junta de jueces de primera instancia de Barcelona ha apoyado por amplia mayoría sumarse al comunicado de las asociaciones judiciales contra las alusiones al 'lawfare' en el pacto de investidura de PSOE y Junts, con la oposición de cinco magistrados que lo entienden como una "presión"

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un comunicado, a la junta han asistido 37 de los 62 jueces de primera instancia, 31 de los cuales han votado a favor de apoyar la decisión de la jueza decana de Barcelona de adherirse al comunicado de las asociaciones crítico con las referencias al 'lawfare', que finalmente no se han trasladado a la propuesta de ley de amnistía.

Seis magistrados han votado en contra de la resolución que ha salido adelante y cinco de ellos han apoyado un texto alternativo, al que ha tenido acceso EFE, que sostiene que manifestarse en contra de una ley que todavía no ha sido aprobada puede entenderse como una "presión" para impedir su tramitación legislativa.

Esa resolución discrepante, redactada por el magistrado Guillem Soler -miembro de la asociación Àgora Judicial-, considera además "muy dudoso" que entre las competencias de un decano figure la de pronunciarse sobre "meros acuerdos políticos" y recalca que una de las funciones del poder judicial es "aplicar" las leyes aprobadas por el legislativo, una vez entren en vigor.

Para esta minoría de magistrados, es "habitual" que antes de la entrada en vigor de una ley ciertas instancias judiciales expresen su opinión "por las vías previstas", pero lo que resulta "inadmisible" es que se pronuncien cuando ni siquiera se conoce el texto de la proposición.

"Si se hubiera esperado, se habría podido constatar, entre otras cosas, que no contiene ninguna referencia al 'lawfare', una de las preocupaciones principales del comunicado que ahora se pretende ratificar", prosigue el texto.

En cualquier caso, los magistrados discrepantes consideran que la decisión de la decana "hace referencia a un acuerdo estrictamente político y debe ser calificado, por lo tanto, de insólito", además de establecer un grave "precedente" porque "va en la línea de condicionar la actuación de la instancia política, en el sentido de generar presión para que no se inicie el procedimiento legislativo".

Para los jueces que difieren del sentir mayoritario, el comunicado del decanato "crea una imagen escasamente compatible con la necesaria imparcialidad judicial sobre cómo podrá ser recibida judicialmente una ley futura" y no respeta la separación de poderes, sino que supone una "injerencia" en el legislativo.

La semana pasada también la junta de jueces de instrucción de Barcelona y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordaron sumarse al comunicado de las asociaciones judiciales, en el caso del alto tribunal con el voto discrepante de dos magistrados que creen que atenta contra la separación de poderes.