• El paro podría sumarse a la actual huelga parcial del personal funcionarial de la Administración de Justicia

La huelga indefinida de jueces y fiscales convocada a partir del 16 de mayo puede retrasar aún más los procedimientos judiciales debido a la suspensión de trámites procesales como la celebración de vistas o el dictado de sentencias y autos. Además, este paro podría solaparse con la actual huelga parcial del personal funcionarial de la Administración de Justicia. Dicha situación puede agravar una situación ya de por sí crítica que se ha visto acentuada por la reciente huelga de Letrados de la Administración de Justicia y que supuso la suspensión de más de 350.000 juicios y la paralización de más de 400.000 demandas.

La media para solucionar un problema a través de, por ejemplo, los Juzgados de Primera Instancia, Instrucción y Familia en España es de unos 8.2 meses, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Este parón podría alargar aún más los tiempos de espera de miles de usuarios.

“La medida más eficaz para sortear el colapso es priorizar el trámite extrajudicial e intentar conseguir un acuerdo amistoso satisfactorio para el asegurado que solucione el conflicto sin necesidad de interponer el pleito”, indica Juan Carlos Lopera, director de la Asesoría Jurídica de Siniestros de ARAG, compañía de Defensa Jurídica. En la aseguradora son conscientes que, aunque sea un hecho ajeno a su voluntad, detrás de cada procedimiento judicial que se demore habrá un perjudicado que no verá satisfechas sus pretensiones.

Es evidente que las cantidades que las aseguradoras destinan a los siniestros de Defensa Jurídica se verán afectadas por las huelgas en el seno de la Administración de Justicia. “Por ejemplo, si se demora el trámite judicial en un procedimiento de desahucio por impago de rentas, probablemente se incrementará la deuda del inquilino con el paso del tiempo. En distintos productos aseguradores en el mercado que cubren el alquiler se cubre la prestación por impago de rentas, adelantando al arrendador las mensualidades impagadas por el inquilino mientras dure el procedimiento. En estos casos, las compañías abonarán un importe superior en concepto de prestación de adelanto de rentas al que en condiciones “normales” – de duración del procedimiento judicial hubiese desembolsado”, explica Lopera.

Los jueces y fiscales han decidido convocar el paro para, además de demandar la mejora de su situación salarial, exigir más medios a una Administración de Justicia colapsada. Según los datos oficiales, en 2021 los tribunales ingresaron más de seis millones de asuntos y dejaron tres millones pendientes de sentencia. En general, se resuelven la misma cantidad de asuntos que se ingresan. Esto se traslada en la espera de los usuarios, que no tienen una buena imagen de la rapidez de la justicia: según una encuesta realizada por Mecroscopia, tres de cada cuatro indican que es demasiado lenta.