Madrid, 24 abr (EFE).- La amenaza de las principales asociaciones de jueces y fiscales de iniciar una huelga indefinida el 16 de mayo se suma a los paros parciales que protagonizan los funcionarios de los juzgados desde mediados de abril y aumenta la presión sobre el Ministerio de Justicia, cercado por las protestas.

Cuando aún se estudian posibles medidas para paliar el atasco que generó en los juzgados la huelga de los letrados de la administración de Justicia, que se prolongó durante dos meses y obligó a suspender más de 360.000 juicios, jueces y fiscales han hecho público su calendario de movilizaciones.

Lo apoyan la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales comparten su diagnóstico, pero prefieren esperar a ver qué plantean Hacienda y Justicia el próximo 3 de mayo, cuando está convocada una Mesa de Retribuciones.

Según afirman en un comunicado, todos se comprometen a trabajar por un acuerdo que evite poner en marcha las medidas de presión anunciadas y que pasa por aumentar sus salarios.

Jueces y fiscales temen que Justicia y Haciendan vuelvan a mantener una "actitud puramente dilatoria" en la reunión de la mesa de retribuciones.

"Si de verdad quieren evitar que esto se produzca tienen margen más que suficiente, pero si su intención es nuevamente tomarnos el pelo, entonces ya saben cuáles serán las consecuencias a las que se enfrentan", ha subrayado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, en declaraciones remitidas a los medios.

Sería la tercera vez que jueces y fiscales paran para reivindicar mejoras laborales, tras las dos huelgas que convocaron en 2018, primero con Rafael Catalá al frente del Ministerio y, tras el cambio de Gobierno, con Dolores Delgado como titular de Justicia.

Le toca ahora el turno a Pilar Llop, que resolvió la huelga convocada por los letrados de la administración de Justicia con un aumento salarial bruto de entre 430 y 450 euros y que se enfrenta ahora a las movilizaciones que mantienen los funcionarios de los juzgados desde hace una semana para lograr una subida salarial y la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).

Tras una segunda reunión fallida este lunes con Justicia, sin oferta económica sobre la mesa, los sindicatos convocantes del paro, CSIF, CCOO, STAJ y UGT, endurecerán sus medidas de presión y ya han anunciado para el jueves de la próxima semana una jornada de huelga de 24 horas y una concentración frente al Ministerio.

Mientras, mantendrán sus paros diarios entre las diez de la mañana y la una de la tarde, que han provocado en la primera semana la paralización de más de cuatro millones de expedientes y la suspensión de decenas de miles de juicios, según el comité de huelga.

El seguimiento de los paros ronda diariamente el 85 o 90 %, de acuerdo con los sindicatos, mientras que el Ministerio habla de entre el 15 y el 20 % cada día en las comunidades autónomas que no tienen transferida la competencia de Justicia: Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.

Por otro lado, también las asociaciones de abogados del turno de oficio reclaman una subida de sus honorarios y arrancarán sus movilizaciones con una concentración este jueves frente al Congreso.

En este contexto, Llop ha pedido este mediodía desde la Feria de Sevilla a jueces y fiscales que miren "por el buen servicio público de la Justicia" y que sean "honestos a la hora de plantear sus posiciones", y se ha comprometido a dialogar con las asociaciones.

La ministra ha admitido que la administración de Justicia tiene un modelo "obsoleto" y una "organización muy deficiente", y ha abogado por su transformación hacia un sistema "mucho más ágil, eficiente, sostenible e igualitario, con una justicia moderna del siglo XXI digitalizada".

Por ello, ha dicho, el Gobierno está buscando "un sistema eficiente que redunde no solo en un servicio público de calidad, sino también en medidas para los propios trabajadores, con medidas de conciliación, de teletrabajo, poder hacer vistas y juicios a distancia y compatibilizarlos con sus propias vidas".