Madrid, 16 may (EFE).- El Gobierno ha trasladado este jueves a las asociaciones de jueces y fiscales su propuesta definitiva para intentar evitar la huelga indefinida con la que amenazan la mayoría de ellas a partir del próximo lunes, que incluye un incremento en 200 plazas entre 2023 y 2024 para estos cuerpos y otras mejoras laborales.

Además del paquete de 46,7 millones de euros destinado a aumentar las retribuciones de jueces y fiscales, que los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública ofrecieron ya la semana pasada, la nueva propuesta contempla otras mejoras como incrementar el complemento de destino y crear una mesa de diálogo anual, detalla el departamento de Pilar Llop en un comunicado.

El Gobierno se compromete en su documento a aumentar en 100 plazas la oferta de empleo público para jueces y fiscales durante este año, y en otras 100 para 2024.

En el marco de las próximas reformas organizativas y de eficiencia, Justicia y Función Pública proponen "incrementar el complemento de destino por representación", así como modificar las leyes que se están tramitando para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia de la "suficiente fortaleza como para hacer frente a los nuevos retos de la organización".

"También las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia verían fortalecido su papel ejecutivo", añade Justicia.

Por otro lado, en cuanto a la carrera fiscal, el Gobierno plantea "abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión" en los anexos de la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal "de las plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área".

Finalmente, Justicia plantea un "nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado". Para ello, el Gobierno sugiere crear grupos de trabajo permanentes con la misma representación que la mesa de retribuciones, que se debe reunir cada cinco años: asociaciones judiciales y fiscales, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública.

La comisión, de carácter anual, serviría para "valorar el desarrollo y aplicación de los acuerdos alcanzados, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los trabajos desarrollados por los distintos grupos".

Esta es la propuesta definitiva que ha trasladado el Gobierno a las siete asociaciones de jueces y fiscales, a las que ha emplazado a una nueva reunión el jueves, en la que darán su respuesta tras consultar estos días con sus afiliados.

Aunque la mayoría de las asociaciones consideró insuficiente la oferta de 46,7 millones, que supondría un aumento de unos 450 euros brutos mensuales de media en los sueldos de jueces y fiscales, este martes los representantes de las dos asociaciones mayoritarias han asegurado que van a "valorar todo" y que están "abiertos al diálogo" y "por el acuerdo".