La neutralidad de la red es uno de los principios más valiosos de internet. Gracias a él, los proveedores de internet (en inglés, Internet Service Provider o ‘‘ISP’) deben tratar a todos los datos que circulan por la red en igualdad de condiciones. Dicho en otras palabras, debido a este principio un ISP no puede restringir, bloquear o dar prioridad a un determinado dato por el mero hecho de venir de un determinado emisor o ser captado por un determinado receptor. Y es precisamente en esta igualdad donde reside el valor de este principio. Con una red neutral, no se crean barreras de entrada o limitaciones de uso en internet con lo que se fomenta la competitividad entre las posibles empresas que decidan lanzar un nuevo producto al mercado.

Aunque no solo se trata de un tema económico. Si internet es un espacio donde todo el mundo es tratado por igual, ello también supondrá que es un lugar donde cualquiera puede opinar o aportar información sin temor a las represalias. Al menos, a nivel técnico, donde nadie podrá bloquear, eliminar o ralentizar la página web en la que esté almacenada esa información o publicada esa opinión. Sin embargo, es precisamente este valor de igualdad el que pone en peligro a este principio. Son muchos los interesados en eliminar el principio de la neutralidad y crear algo así como un Internet a dos velocidades, donde quien pueda pagar más tenga preferencia sobre el resto.

Para evitarlo, existen una multitud de asociaciones que quieren vigilar tan valioso principio. Por ejemplo, la Electronic Frontier Foundation, quienes afirman que la neutralidad de la red es tan trascendental para las sociedades democráticas ha devenido un derecho fundamental más de sus ciudadanos. Una concepción que impera también entre la mayoría de la población, cada vez más interesada en iniciar procedimientos legislativos que permitan proteger a este principio básico de la red. El caso más destacable es, seguramente, el de la Unión Europea, donde la presión ciudadana ayudó a la promulgación del Reglamento (UE) 2015/2120 por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta, uno de los principales pilares de la neutralidad de la red en la Unión Europea. 

No obstante, hay países que no han mostrado este interés en proteger la neutralidad de la red. El mejor ejemplo, el de los Estados Unidos, donde recientemente se ha revocado la norma que protegía la neutralidad de la red en pro de una normativa muchísimo más laxa. Una norma con una trayectoria muy polémica que fue impulsada por uno de los pupilos del presidente Donald Trump.

La protección de la neutralidad en los Estados Unidos

El 10 de noviembre de 2014, tras años de duras batallas judiciales y numerosos escándalos políticos, la oficina de la Casa Blanca publicaba una declaración del presidente Barack Obama en la cual se reconocía la necesidad de proteger el principio de la neutralidad de la red. Más concretamente, el presidente estadounidense pedía a la Federal Communications Commission (FCC) -- la agencia gubernamental independiente norteamericana encargada de regular y controlar las telecomunicaciones en el país -- la creación de un cuerpo legal sirviera para blindar a este principio de las vulneraciones e intereses privados de las ISP norteamericanas.

Un año más tarde la FCC promulgaba la Protecting and Promoting the Open Internet Rule, una normativa basada en la reciente doctrina jurisprudencial norteamericana que buscaba evitar que cualquier ISP pudiese impedir el libre acceso de los ciudadanos a una red neutral. Un texto de amplio consenso sectorial que devendría un pilar básico para la consolidación y la expansión de los grandes gigantes tecnológicos estadounidenses en los años venideros. Sin embargo, toda esta protección se desvaneció cuando, en noviembre del año pasado cuando la FCC presentó la “Declaratory Ruling, Report and Order, and Order”, un documento de 210 páginas que cuestionaba la utilidad del principio de la neutralidad de la red en los Estados Unidos.

Una nueva concepción para internet

En palabras de su principal impulsor, Ajit Pai -- designado por Donald Trump como nuevo presidente de la FCC -- el documento de la FCC demostraba que el principal problema de los Estados Unidos no eran las injerencias a la neutralidad de la red, sino la falta de acceso y de inversiones por parte de las ISP:

This Declaratory Ruling, Report and Order, and Order would return to the bipartisan consensus on lighttouch regulation, ending utility-style regulation of the Internet. This will promote future innovation and investment. And more investment in digital infrastructure will create jobs, increase competition, and lead to better, faster, cheaper Internet access for all Americans, especially those in rural and low-income areas.

Es decir, para la nueva FCC era necesario que las proveedoras de internet volvieran a invertir en el territorio norteamericano y, para hacerlo, la FCC de Ajit Pai optó por una polémica opción: eliminar las líneas rojas fijadas por la normativa anterior e instaurar un modelo basado en la transparencia y el lassair-faire según el cual cada ISP podría realizar cualquier conducta con la gestión de los datos siempre y cuando luego lo compartieran con todos los consumidores estadounidenses quienes, con su libertad de elección, elegirían al proveedor que más les convenciera. Un cambio radical de modelo, que se consolidó con la aprobación de la Internet Freedom Order, el cuerpo legal que reemplazaría a la normativa proteccionista de la época de Obama a partir del 11 de junio de 2018.

La oposición a la normativa

La Internet Freedom Orden, hoy en día en pleno vigor, ha sido una de las más polémicas de la era Trump. Con un rechazo casi absoluto por parte de la población estadounidense (se habla de más de un 83% de ciudadanos en contra), rápidamente se propiciaron el inicio de acciones legales encaminadas a remover la ejecutabilidad de dicha normativa.

Así, por ejemplo, la asociación INCOMPAS, cuyo objetivo es la representación de pequeñas empresas de telecomunicaciones, presentó una demanda para desacreditar la postura de la FCC y solicitar la ilegalización de la normativa por atentar contra las normativas de protección de los consumidores.

Una vía similar tomaron varios fiscales generales de distintos estados del país para presentar otra demanda contra la Internet Freedom Order. Aunque en este caso, los argumentos iban más encaminados a atacar la argumentación de la normativa por “arbitraria y caprichosa” que por defender la neutralidad de la red en sí.

Pero sin duda, las acciones más destacadas las han protagonizado las cortes legislativas federales y estatales. 

En el caso del federal, varios senadores presentaron el pasado 16 de mayo una Congressional Review Act -- mecanismo de revisión parlamentaria de los actos llevados a cabo por las agencias independientes -- en el Senado federal para poder revisar la legalidad de la Internet Freedom Order y valorar si se debían eliminar o no sus efectos. Un procedimiento largo y complejo, que podría incluso dar lugar a una legislación federal que se ocupase de regular el tema.

En el plano estatal, el congreso de California aprobó el pasado septiembre de 2018 la SB-822 Bill, una norma que pretende blindar el principio de la neutralidad de la red en el estado y animar a otros estados a crear legislaciones similares. Un texto legal todavía sin eficacia legal puesto que el gobernador del estado no ha decidido si sancionar la ley.

En resumen, la neutralidad de la red ha quedado eliminada de los Estados Unidos desde el pasado 11 de junio. Sin embargo, hay múltiples frentes abiertos encaminados a que dicha normativa deje de surtir efectos. Habrá que estar atentos al transcurso de los acontecimientos y, sobre todo, a ver cómo reaccionan otros estados ante este cambio de rumbo en la política norteamericana.