“En un tiempo crucial para el Estado de Derecho, es necesario que la Abogacía se posicione en defensa de la independencia judicial y la separación de poderes. Nuestra unión y compromiso con la democracia son vitales. Como profesionales de la Abogacía, debemos proteger los derechos y libertades fundamentales amparados por la Constitución, que hemos jurado o prometido al colegiarnos, y los Tratados de la UE.”
Con estas palabras, el Colegio de la Abogacía de Madrid invita a todos los profesionales colegiados a sumarse a la declaración institucional aprobada el pasado 9 de noviembre por la junta de Gobierno del ICAM en defensa del Estado de derecho y la separación de poderes. A través de un sencillo formulario alojado en la página web del ICAM, los abogados y abogadas podrán sumarse a partir de ahora a título individual a una declaración que ha empezado a viralizarse con el impulso de las grandes firmas jurídicas y la principal asociación mundial de abogados.
Desde que la Junta de Gobierno del ICAM, reunida de urgencia el pasado 9 de noviembre, respondiera al documento suscrito por el PSOE y JUNTS con una firme declaración en defensa de la independencia judicial y la separación de poderes, las adhesiones a dicha declaración no han hecho más que multiplicarse.
A los más de 40 despachos profesionales que han comunicado su adhesión en los últimos días, se han unido los 42 colegios profesionales que integran la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, cuya junta directiva aprobó este lunes por unanimidad refrendar la declaración del ICAM. Asimismo, esta misma mañana el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, el órgano que aglutina a los Colegios de Madrid y Alcalá de Henares, ha refrendado por unanimidad las declaraciones institucionales aprobadas por ICAM-ICAAH en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes.
También la IBA, la mayor asociación de abogado del mundo, presidida por la española Almudena Arpón, ha expresado su "grave preocupación por la erosión sin precedentes del Estado de derecho en España", citando expresamente en su comunicado la declaración en la que el ICAM rechazaba la "inaceptable creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional", y el uso del término lawfare, que "no tiene cabida en un Estado democrático".
En el ámbito universitario, la Facultad de Derecho del Instituto de Empresa y el Comité Nacional de Estudiantes de Derecho (Conede) han comunicado públicamente su adhesión a la declaración de la corporación madrileña.
Más de 40 despachos se adhieren
Nacionales, internacionales, grandes, medianos y pequeños, son ya más de 40 los despachos de abogados que se han adherido a la declaración institucional del ICAM. Por orden cronológico, son los siguientes:
Pérez Llorca; Garrigues; Uría Menéndez; Ontier; Broseta; Gómez-Acebo & Pombo; White&Case; Elzaburu; Clifford Chance; Linklaters; Cases y Lacambra; Allen &Overy; Ceca Magán; Corujo y Jiménez Abogados; Tomás Carranza; Avest Abogados; Pando Abogados; Mendéz Lit; Eversheds Sutherland Spain; N32 Abogados; Selier Abogados; Grupo Rld; Araoz & Rueda Abogados; Acountax; Herbert Smith Freehills Spain; Sagardoy; Ospina Abogados; Squire Patton; Freshfields; Bruckhaus Deringer; Ribón Abogados; Osborne Clarke Spain; Dentons España; Kepler—Karst; J Martínez Asesores; Bufete Casadeley; Tkl Abogados; Clyde & Co; Juarez y Abogados; Albors, Galiano y Portales; Ortego y Cameno Abogados; PionAirLaw.
Las más de 40 firmas jurídicas que han expresado su apoyo a la declaración figuran en el sitio web creado específicamente para visibilizar la respuesta unida de la abogacía en defensa de uno de los pilares del Estado democrático.
Llamamiento a las instituciones europeas
El Colegio de la Abogacía de Madrid dará este miércoles un paso más mediante la presentación de un escrito ante la Comisión y el Parlamento Europeo. A la 9:15h, el decano Eugenio Ribón y la diputada Roberta Poza registrarán en la sede en Madrid de las instituciones europeas un escrito en el que la corporación madrileña realiza un llamamiento para que se impliquen en la defensa del Estado de derecho español.
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