Miriam Mejías y Raúl Bellerín

Madrid, 6 feb (EFE).- La decisión de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo de pedir que se investigue a Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democrátic añade un nuevo grado de complejidad en el futuro del expresidente catalán en un procedimiento en el que, en cualquier caso, es el Supremo el que decidirá qué hace.

Estas son algunas claves para entender el futuro judicial que puede tener Puigdemont:

El papel de la Fiscalía

A la Fiscalía le corresponde argumentar si el Supremo debe o no asumir la investigación por delitos de terrorismo contra Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el diputado catalán Rubén Wagensberg y otras nueve personas, como ha propuesto el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional descarta que los disturbios ocurridos tras conocerse la sentencia del 'procés' en octubre de 2019 sean constitutivos de este delito y el fiscal del Supremo Álvaro Redondo, al que le tocó redactar el borrador de informe, coincidía con ese criterio.

Pero la Junta de Fiscales del Supremo ha debatido este martes ese informe y ha decidido rechazarlo. Por 12 votos a 3 ha acordado que se debe investigar por terrorismo a Puigdemont.

¿Es esa decisión definitiva?

No. El artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que "los acuerdos de la mayoría tendrán carácter de informe, prevaleciendo después del libre debate el criterio del fiscal jefe" de la Junta de Fiscales.

En esta ocasión, los dos fiscales jefes, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez Covisa, han expresado posturas contradictorias: el primero -uno de los cuatro fiscales del juicio del 'procés'- a favor de investigar por terrorismo a Puigdemont, y el segundo lo contrario.

El mismo artículo 24 precisa que "si esta opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría de los asistentes, deberá someter ambas a su superior jerárquico".

Y eso es precisamente lo que ha sucedido, por lo que corresponde a María Ángeles Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fijar la postura definitiva que elevará ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Suárez Conde tendrá que decantarse por la posición de Cadena y otros 11 miembros de la Junta o por la de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la de Álvaro Redondo y el fiscal jefe Sánchez Covisa.

La última palabra la tiene el Supremo

En cualquier caso, sea cual sea el sentido del informe de la Fiscalía, la decisión sobre si abre causa o no contra Carles Puigdemont corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la misma que juzgó el 'procés' y dictó la sentencia que motivó las protestas por las que ahora se instruye esta causa.

Es competencia del Supremo por la condición de aforados de Puigdemont y de Wagensberg.

El pasado 22 de enero (dos meses después de recibir la exposición razonada de García-Castellón), el Supremo dio los primeros pasos para decidir si asume la causa: por un lado dio traslado a la Fiscalía para que informe, y por otro designó como ponente al magistrado Juan Ramón Berdugo que deberá proponer a la Sala si procede o no su admisión.

El juez García-Castellón sigue investigando

Hasta que se conozca la decisión del Supremo, el juez de la Audiencia Nacional que abrió el caso, Manuel García-Castellón, sigue practicando diligencias: esta misma semana ha pedido localizar al diputado catalán de ERC Rubén Wagensberg, trasladado a Suiza, y ha ampliado una comisión rogatoria dirigida al país helvético.

El juez García-Castellón sigue siendo competente para investigar un procedimiento que, por otra parte, está recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, discrepa abiertamente de que los hechos se investiguen por terrorismo y aboga por enviar la causa a Barcelona por un delito de desórdenes públicos, de modo que recurrió ante la Sala de lo Penal dos resoluciones clave: el auto en el que el juez dirigió la investigación contra Puigdemont y Marta Rovira, entre otros, y la exposición razonada en la que pedía al Supremo quedarse con el caso.

Todo a expensas de la ley de amnistía

Todos estos movimientos se han ido produciendo en paralelo a la proposición de ley de amnistía que se tramita en el Congreso de los Diputados y que pretende exonerar a los implicados en el 'procés' de la mayor parte de los delitos por los que han sido procesados, condenados o están siendo investigados.

El texto inicial presentado por el PSOE proponía amnistiar los casos de terrorismo siempre y cuando no hubiera condena firme, pero, ante las exigencias de sus socios (en especial Junts y ERC), accedió a proponer una redacción que incluyese a todos los casos en los que no hubiesen causado "violaciones graves de derechos humanos".

Junts ha intentado ir más allá y quiere que el paraguas de la amnistía abarque todos los delitos de terrorismo, postura que el PSOE no comparte, por lo que la negociación se ha bloqueado y, tras fracasar en el pleno del Congreso de la pasada semana, el texto ha vuelto a la Comisión de Justicia con un plazo de un mes para que intenten ponerse de acuerdo.