En la imagen Carmen Jover, vocal del Consejo Directivo del REAF-CGE, Jorge Onrubia, profesor de Economía Aplicada de la UCM y Agustín Fernández, presidente del REAF-CGE.
En pleno debate sobre la reforma fiscal –que se ha puesto en marcha con el encargo realizado por el Gobierno al Comité de personas expertas para la reforma del sistema tributario–, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) –órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España–, continúa con los “Encuentros REAF sobre la reforma fiscal”, por lo que hoy ha celebrado la segunda sesión de las programadas para este año, que ha llevado por título “La reforma del Impuesto sobre Sociedades”, y en la que han intervenido el economista Jorge Onrubia, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, y Eduardo Sanz, Inspector de Hacienda jubilado y ex subdirector general de Impuestos sobre Personas Jurídicas, quienes se han pronunciado sobre las debilidades de nuestro impuesto y las modificaciones que puede sufrir cuando la UE apruebe los cambios que se están gestando en el seno de la OCDE.
Ambos expertos han coincidido en que en el medio plazo es posible volver a recaudaciones anuales en torno a 25.000 millones de euros, si bien no sería recomendable que se intentara conseguir a través de medidas de corte exclusivamente recaudatorio, porque ello haría que la tributación de las empresas no fuera competitiva a nivel internacional.
En el acto también ha participado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE); Agustín Fernández, presidente del REAF-CGE, y Carmen Jover, vocal del Consejo Directivo del REAF-CGE.
El debate ha girado en torno a seis preguntas clave: 1) ¿Qué problemas tiene nuestro Impuesto sobre Sociedades vigente?; 2) ¿Cómo cree que se concretarán los cambios previstos por los acuerdos del G7, G20 y OCDE?; 3) ¿Cómo se prevé la adaptación de nuestro Impuesto a los cambios de la fiscalidad internacional?; 4) ¿Es atractivo para la inversión extranjera?; 5) ¿Facilita la internacionalización de nuestras empresas?; y 6) ¿Es posible volver a una recaudación superior a 25.000 euros anuales?
¿QUÉ PROBLEMAS TIENE NUESTRO IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES VIGENTE?:
Con respecto a esta primera pregunta, Eduardo Sanz entiende que “el mayor defecto que presenta nuestro impuesto desde hace tiempo es que no es equitativo, porque regula unos beneficios fiscales selectivos –I+D+i, empresas cinematográficas, arrendamiento de viviendas, adquisiciones en régimen de arrendamiento financiero, etc.–, a la vez que penaliza a empresas endeudadas o con resultados cíclicos”.
Por otra parte, Jorge Onrubia opina que “uno de los principales problemas es su limitada capacidad recaudatoria, las restricciones a la compensación de pérdidas –con las tensiones financieras que acarrea para entidades con difícil acceso a la financiación–, las limitaciones a la deducción de gastos financieros y que los coeficientes de amortización, especialmente los de activos vinculados a la digitalización, son demasiado conservadores“.
¿CÓMO CREE QUE SE CONCRETARÁN LOS CAMBIOS PREVISTOS POR LOS ACUERDOS DEL G7, G20 Y OCDE?:
Con respecto a esta pregunta, Onrubia Fernández considera que “es difícil preverlo hasta que se hagan públicos los trabajos que se concretarán en el mes de octubre en el seno de la OCDE, siendo crucial la especificación de los parámetros que afectan a las definiciones de la base de cálculo del beneficio al que será de aplicación el tipo mínimo”. A este respecto, Sanz Gadea ha señalado que “los cambios en España vendrán de la mano de los que concrete la UE, cuyos proyectos son ambiciosos, sobre todo teniendo en cuenta que carece de competencias en imposición directa y, desde luego, dependen del éxito del proyecto en la OCDE en cuanto a tipo mínimo y tributación de las empresas digitales en los países donde tienen sus clientes”.
¿CÓMO SE PREVÉ LA ADAPTACIÓN DE NUESTRO IMPUESTO A LOS CAMBIOS DE LA FISCALIDAD INTERNACIONAL?
Con respecto a esta pregunta, Eduardo Sanz manifestó que “en primer lugar, habrá de suprimirse el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y habrá que ver, en el aspecto recaudatorio, como quedará el saldo resultante de minorar los beneficios cedidos por nuestras empresas afectadas por el desarrollo del Pilar I –las digitales– e incrementar los derechos de imposición de estas multinacionales extranjeras, a la vez que se adiciona la resultante de aplicar el tipo mínimo respecto al tipo efectivo de algunas entidades o grupos”. Para Jorge Onrubia, “será una adaptación muy compleja, pues afectará tanto a la normativa interna del impuesto como, muy previsiblemente, a la red de convenios bilaterales o al marco de coordinación internacional que se termine adoptando –convenio multilateral–”.
Acerca del ATRACTIVO DE NUESTRO IMPUESTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA, Jorge Onrubia estima que “no tenemos una fiscalidad demasiado atractiva a la inversión extranjera, en parte por no tener medidas fiscales expresas para ello, y también por cierta inestabilidad de nuestro marco normativo, siendo necesario que se establezca una regulación atractiva para Business Angels, aplicable no solo a pymes, sino también a empresas participadas por grupos multinacionales”. Eduardo Sanz opina que “nuestro tipo de gravamen es moderado, pero no competitivo, por lo que no debería aumentar, y que los incentivos al I+D+i y patent box son potentes, pero están muy generalizados”.
¿EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES ESPAÑOL FACILITA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE NUESTRAS EMPRESAS?
Con respecto a esta pregunta, Sanz Gadea ha expresado que “no habiéndose regulado incentivos específicos, la exención de dividendos y plusvalías de cartera sí incentiva las inversiones en el exterior, pero opera en sentido contrario el hecho de que no se puedan deducir los deterioros de las participaciones ni las pérdidas producidas en su transmisión”. Onrubia Fernández entiende que “el principal escollo fiscal en este sentido es que la exención de los beneficios repatriados por nuestras matrices de sus filiales en el extranjero no sea plena, sino solo en un 95% desde este año, lo cual introduce un incremento del coste de uso del capital para estos grupos”.
En lo referente a si ES POSIBLE VOLVER A UNA RECAUDACIÓN SUPERIOR A 25.000 MILLONES EN EL MEDIO PLAZO, Jorge Onrubia ha asegurado que “volver a una recaudación de casi 45.000 millones como la obtenida en 2007, en medio de la burbuja inmobiliaria, es inviable en el corto o medio plazo, y este debilitamiento de la recaudación tiene otros motivos relevantes como las acumulación de bases negativas de la recesión anterior –que se acrecentará con las provenientes de la crisis del Covid-19– y la fuerte internalización de las empresas españolas que, aun siendo muy conveniente para mantener nuestro tejido empresarial, tiene unos costes recaudatorios notables“. Sobre este mismo tema, Eduardo Sanz Gadea coincide en que “no parece factible, al menos en el medio plazo alcanzar la cifra mítica de recaudación de más de 44.000 millones de 2007, si bien sí es posible llegar a una recaudación en torno a 25.000 millones de euros, lo cual dependerá, básicamente, de la evolución de los beneficios antes que de las reformas de corte recaudatorio que podrían, incluso, ser contraproducentes”.
Tras la intervención de estos dos reputados economistas, ha intervenido el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, quien ha puesto de manifiesto que la mayor parte de las respuestas a las preguntas planteadas coinciden en lo fundamental. Así, según Pich, “aunque el Impuesto sobre Sociedades español es homologable al del resto de países de nuestro entorno, necesita corregir algunos aspectos técnicos, y es posible que la recaudación se incremente al rebufo de los cambios que se producirán a nivel internacional y a medida que aumenten los beneficios empresariales”.
En cuanto a la reforma que se producirá en el medio plazo, Agustín Fernández, presidente del REAF, “considera inevitable reducir los pagos fraccionados a las grandes empresas, recortar las limitaciones a la compensación de bases imponibles negativas y que se vuelva a acercar la base imponible al resultado contable”.
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