El Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, ha defraudado las expectativas de la Abogacía de Valencia, para una -ya no agilización-, sino una paulatina recuperación de lo perdido, por la situación que ha generado la crisis sanitaria. Medidas procesales y organizativas las acordadas, nimias e ineficaces para combatir, no ya la inoperante y desastrosa situación de la justicia pre-crisis sanitaria, sino tampoco la agravación que se ha producido a raíz de la suspensión de plazos, términos y actuaciones, desde el dictado del RDL de estado de alarma y sus prorrogas posteriores.

La Abogacía en este país, además de ser indispensable para el funcionamiento de la Justicia, supera en mucho a todos los demás operadores que en ella intervienen. Los profesionales de la abogacía somos capaces de testar todos los órdenes jurisdiccionales, en grandes capitales y pequeñas poblaciones; de actuar antes del proceso, durante y después del mismo, tenemos a la postre una visión experta, amplia y objetiva y sobre todo conocemos las carencias y las necesidades. Vaya por delante que ahora y, siempre, en el día a día hemos colaborado en todo, porque, lo que nos ha ocupado y preocupado ha sido siempre la mejor y más eficaz defensa de la ciudadanía.

Las medidas adoptadas por el Ministerio, resultan del todo ineficaces e inoperativas, sobre todo teniendo en cuenta la situación de la que se parte. Los medios no existen, ni personales ni tecnológicos, desgraciadamente seguimos en la justicia del fax, de la mecanografía, los tomos, la cuerda floja, esto es, la justicia del papel. Las propuestas que ahora se hacen, sin garantizar una ampliación considerable del personal; sin testar esas medidas tecnológicas a las que el RDL se refiere, que, además, en la mayoría de procesos son de imposible práctica, están abocadas al fracaso y eso sí, la abogacía, toda, también la de Valencia y, como siempre, a disposición.

Echamos en falta que, nada se diga por el Ministerio, de eso que con carácter general se ha denominado “la nueva normalidad”, desconocemos la desescalada judicial, ¿cuáles van a ser nuestras fases?, ¿qué pasa con los señalamientos de este mes y de los próximos?, ¿qué planes tienen?, ¿qué y cómo se va a hacer? porque y, -lo adelantamos-, sí las actuaciones son precipitadas, no regladas, no consensuadas, el deber que a nosotros y nosotras nos compete y, que no es otro que, el efectivo derecho de defensa es totalmente incompatible con la premura y la desorganización.

El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia en defensa de los colegiados y colegiadas que lo integran y por el bien de la ciudadanía, exige que se adopte un plan eficaz, operativo y real para remontar la inactividad casi total de la justicia por la crisis sanitaria y, una vuelta a la normalidad reglada y consensuada que permita a la Abogacía llevar a cabo su ejercicio, con la profesionalidad y dignidad que le honra y, que la ciudadanía necesita.