La primera mesa redonda de las XII Jornadas Nacionales de Relaciones con la Administración de Justicia que se celebran en Oviedo organizadas conjuntamente por el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Oviedo abordó el Pacto de Estado por la Justicia.
Ramón Jáudenes, secretario general de la Abogacía y moderador de la primera mesa redonda, recordó a los más de 120 asistentes de los 83 Colegios de Abogados que la Abogacía ha cumplido con su compromiso al presentar las 34 propuestas para un Pacto de Estado por la Justicia.
Jesús Chamorro, quien fuera presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, aseguró que la Justicia está muriendo de éxito porque las medidas de mejora no alcanzan su objetivo y recordó que es necesario poner fin a las continuas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) –modificada hasta tres veces en una misma legislatura- para saber qué Justicia queremos. Defendió como de imperiosa necesidad la elección de los vocales de extracción judicial por medio de los jueces y urgió a evitar una posible descentralización del poder judicial, que debe ser único y en manos del CGPJ.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, recordó las conclusiones del V Barómetro Externo de la Abogacía y aseguró que hay un clamor ciudadano por una reforma inmediata y urgente de la Justicia “porque el problema es de organización y eficacia”. González pidió voluntad política y medios económicos para alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia y defendió un Turno de Oficio digno porque se paga mal y tarde.
Abigail Fernández, portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ), reconoció que el Pacto de Estado es necesario para lograr una reforma integral de la Justicia. Recordó que en 1984 el 21% de los ciudadanos pensaba que el servicio público de Justicia era malo y que en 2016 este porcentaje casi alcanzó el 75%. La solución, según Fernández, es apostar por una Justicia de proximidad y especializada.
El representante de la Asociación de Fiscales Antonio Roma aseguró que se han duplicado los esfuerzos en la instrucción y el juez ha pasado de tener un papel autónomo a una posición más controlada, pero esto ha provocado que se haya creado un proceso más farragoso. El Estatuto del Ministerio Fiscal debe cambiar para garantizar la autonomía de todos y cada uno de los fiscales que ejercen sus funciones.
Finalizó la mesa Antonio Dorado, secretario general de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, quien aseguró que estamos en un buen momento para iniciar un modelo de diálogo, pero es un “desafío que incumbe a todos mediante un gran consenso”. Por ello defendió la necesidad de la Subcomisión de Estrategia Nacional de Justicia, creada en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que ha contado con el acuerdo de todos los partidos políticos, muy diferente al Pacto de Estado de 2001 que sólo contó con el apoyo del PSOE y del PP. También expresó su compromiso con la elaboración de una ley orgánica del derecho de defensa, trabajando con el Consejo General de la Abogacía, que recoja los derechos y obligaciones de los ciudadanos ante los tribunales y que sea como la cara B de las leyes procesales.
Finalizó su intervención reclamando una Justicia con más medios pero mejor organizada y recordando que la Justicia digital ya no es una opción sino una obligación mediante un sistema de gestión procesal telemático común.
Organización territorial de la Justicia
La segunda mesa del jueves 30 de marzo estuvo moderada por el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara. Comenzó con la intervención de José Luis Santos, vicepresidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, quien recordó el elemento de homogeneidad y jerarquía de la nueva estructura de las oficinas judiciales y la función de los letrados de la Administración de Justicia. Destacó también el principio de proximidad que habría que revisar tras la utilización de las nuevas tecnologías.
Joan R. Puig, decano del Colegio de Abogados de Figueres, tras realizar un análisis histórico de la organización territorial recordó el anteproyecto de la LOPJ de 2014 que alejaba la Justicia del ciudadano y provocaría la desaparición de la Justicia de proximidad. Sobre los Tribunales Provinciales de Instancia, el ponente aseguró que este sistema olvida que es un servicio público que aleja la Justicia del ciudadano.
Por su parte, Joaquín Delgado, director general de Relaciones con la Administración de Justicia, apeló a la corresponsabilidad de los profesionales para conseguir una Justicia más rápida y empática, como también pidió Puig, porque “sólo con el principio de colaboración se conseguirá sacar adelante los proyectos de reforma”. Delgado destacó los principales principios que deben orientar la Planta Judicial del Siglo XXI y que son la especialización, la seguridad jurídica, la eficiencia del gasto público, la agilidad en la respuesta judicial y el respeto a la realidad geográfica actual.
Finalizó la segunda mesa redonda Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, quién pidió que la respuesta que dé la Justicia a los ciudadanos debe estar vinculada al carácter territorial. Caballero aseguró que hay que empezar por reconocer que la Justicia es la madre de todos los servicios públicos, porque a través de esta vía “hacemos eficaces el resto de servicios” que se prestan a los ciudadanos.
Legalidad de los registros en los despachos profesionales
La mesa de la tarde abordó la legalidad de los registros judiciales y policiales efectuados en los despachos profesionales de abogados y estuvo moderada por la diputada del Colegio de Abogados de Oviedo María Escanciano García-Miranda.
Marta Iglesias, magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de Oviedo, reconoció que aunque el registro de bufetes está recogida de forma básica entre los arts. 545 a 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal falta una normativa específica que sí existe en otros derechos europeos, como el francés. La entrada y registro afecta a varios derechos fundamentales como son el de no declarar, el de intimidad y el secreto profesional del abogado, que es el punto más crítico. Se exige la presencia del decano en el registro más que como garantía procesal como cortesía.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, Ángel Rodríguez-Vergara, analizó la diferencia entre los derechos fundamentales del abogado y de un tercero, como es su cliente. La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la inviolabilidad del domicilio profesional es insatisfactoria porque la concibe como una garantía instrumental al servicio de la intimidad y dependerá de si es un despacho personal o empresarial. El catedrático destacó que existe –con cautela- una propuesta para solucionar esta doctrina acudiendo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TESDH) que proporciona una protección mayor según el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al reconocer la protección al derecho a la vida privada de forma más amplia que nuestro derecho a la intimidad.
Finalizó la jornada del jueves el abogado de Barcelona Jesús M. Sánchez quien reclamó la supremacía de la jurisprudencia de la normativa europea a la hora de resolver los conflictos sobre la entrada y registro de los despachos profesionales. El abogado recordó la aplicación de las sentencias del TEDH como necesarias para preservar el derecho de defensa y el derecho al secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente que están recogidas en las sentencias del TEDH, entre ellas, de 21 de enero de 2010, de 6 de diciembre de 2012 y del 1 de diciembre de 2015.
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