Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, el Colegio de Abogados de Granada pone de manifiesto la necesidad de que la Administración de Justicia incorpore mayores medidas de conciliación para facilitar una igualdad real y efectiva en el ejercicio profesional.
Así lo ha demandado la diputada Cuarta y presidenta de la Comisión de Igualdad de la Corporación, Inmaculada Vinuesa, durante el acto con el que la Abogacía granadina ha conmemorado la efeméride bajo el título ‘Desde la Igualdad formal, reformas en materia de Familia y en el ámbito Laboral. Nuevas formas de desigualdad: la discriminación indirecta’. “Queremos celebrar cómo, en el camino hacia el reconocimiento de la igualdad real y efectiva, el colectivo profesional de abogadas y abogados hemos estado presentes también, aportando nuestro granito de arena en las modificaciones que se han ido produciendo, entre otras, en materia de Familia y Laboral”, ha expresado Vinuesa durante el evento, en el que se han proyectado los trailers de las películas ‘Una cuestión de género’ y ‘La costilla de Adán’, seguidos de una ponencia impartida por Juana María Gil Ruiz, catedrática de Filosofía del Derecho en la UGR, colaboradora del Instituto Andaluz de la Mujer y autora de los libros ‘Los distintos rostros de la violencia de género’ y ‘Dignidad e igualdad en derechos. El acoso en el trabajo’, entre otros.
La diputada ha incidido en que las reformas en Derecho de Familia han sido claves para la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. En este sentido, ha recordado que “no pocas defensas de nuestro colectivo se han articulado sobre el principio de corresponsabilidad, lo que ha contribuido a que, hoy día, la custodia compartida no sea una excepción y a dotar de mayor protagonismo al progenitor”. “La sociedad en Igualdad empieza en la familia que es el vehículo fundamental de transmisión de roles”, ha añadido Vinuesa en el encuentro, que también ha servido para analizar el principio de igualdad efectiva y su evolución en las relaciones laborales, con especial hincapié en la discriminación indirecta.
Según un sondeo realizado en 2021 por la Corporación profesional con el objetivo de conocer la situación real en materia de igualdad y estudiar posibles medidas de solución o recomendaciones, dos de cada tres colegiados (el 65,5%) sostiene que tiene problemas para lograr un equilibrio entre vida laboral y personal, siendo el principal motivo la inexistencia en la profesión de medidas conciliatorias efectivas, seguido de los plazos procesales y los señalamientos.
“Aunque los datos recabados desvelan que no existe discriminación directa en el ejercicio profesional, sí que hemos detectado obstáculos a los que se enfrentan los abogados y abogadas granadinos a la hora de conciliar y que afectan especialmente a las letradas”, explica la diputada. Por ejemplo, el 82% de los encuestados admite que una mujer abogada tiene más dificultades que un compañero varón para dedicarse al ejercicio profesional en caso de maternidad/paternidad.
Por eso, el Colegio de Abogados de Granada insiste en la importancia de que las administraciones competentes introduzcan iniciativas en este sentido, como la regulación de las causas de suspensión de juicios en caso de enfermedad del letrado o familiares o en supuestos de maternidad y paternidad, el respeto del mes de agosto como inhábil a todos los efectos o el establecimiento de un sistema de plazos y señalamientos que no interfiera en el derecho al descanso de los letrados. “Aunque el mes de agosto es inhábil a nivel judicial, la abogacía sigue recibiendo en ese periodo notificaciones que debe atender de forma inmediata en muchos casos para respetar los plazos procesales y no causar perjuicios a los ciudadanos”, argumenta Vinuesa. Como consecuencia, el 47% de los profesionales asegura nunca disfruta de un mes completo de vacaciones al año y otro 27,2% sostiene que solo consigue 30 días de descanso de forma interrumpida.
“En tanto llega la demandada regulación, el Colegio impulsa políticas en materia de Igualdad cumpliendo con los principios rectores de la Guía de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación para Colegios de la Abogacía del CGAE en la que se encuadrarían los criterios de actuación ya alcanzados por la Abogacía y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el pasado mes de octubre, con la firma del Código de Buenas Prácticas en la Administración de Justicia que establece unas pautas generales sobre las relaciones entre los diferentes operadores jurídicos”, asegura la diputada. Y se sumaría, a su vez, a las actuaciones puestas en marcha por el propio Colegio en materia de género para visibilizar su compromiso para la defensa del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, y su responsabilidad, como corporación de Derecho Público, de remover los obstáculos al mismo. Entre estas medidas también destaca la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que actual la Junta de Gobierno introdujo por primera vez en 2020 a la agenda institucional, o el acuerdo adoptado de extender las exenciones de cuotas por maternidad, dirigida a todas las colegiadas ejercientes que den a luz y supuestos asimilados, a los supuestos de paternidad para todos los colegiados ejercientes desde enero de 2019.
Avanzando hacia la igualdad real
En la actualidad, el censo colegial sigue siendo mayoritariamente masculino, con un 58,3% de letrados, frente al 41,6% de abogadas. Sin embargo, el colectivo profesional ha avanzado notablemente en materia de igualdad desde que, en 1948 se colegiara la primera mujer letrada del Colegio de Abogados de Granada, María Angustias López Fernández.
Desde entonces, la presencia femenina en el colectivo profesional ha ido creciendo exponencialmente. De hecho, el 52,2% de los nuevos letrados que se han incorporado al Colegio de Abogados de Granada en los últimos 25 años son mujeres. Una mayor presencia de la mujer que es especialmente significativa en la última década. Así, entre 2010 y 2021, el 54% de los nuevos colegiados que se han incorporado a la Corporación han sido mujeres, mientras que, en la década anterior, del año 2000 al 2009, este porcentaje fue del 48,1%. El general, el acceso de la mujer a las profesiones jurídicas se podría calificar de relativamente reciente. De ahí que, en los rangos de edad más jóvenes, las cifras entre hombres y mujeres sean muy similares, aunque el número de colegiadas desciende respecto a los varones al avanzar la edad.
Esta creciente representación de la mujer también se manifiesta en los órganos de gobierno y el equipo laboral de la Corporación. En concreto, de los 16 cargos que conforman la actual Junta de Gobierno, 7 están ocupados por mujeres y de los 26 grupos especializados con que cuenta el Colegio, 12 son presididos por letradas. Esto supone un 43,7% de presencia femenina en la Junta de Gobierno y del 46,15% en las directivas de las agrupaciones, dando cumplimiento a la recomendación de Abogacía Española, de que ninguno de los géneros tenga una presencia inferior al 40%, en las Juntas de Gobierno y en las comisiones de trabajo. En cuanto a la plantilla laboral de la Corporación, de los 25 empleados del Colegio, 8 son hombres y 17, mujeres.
“Estos datos dejan patente la evolución de la Abogacía granadina hacia una mayor igualdad de género dentro del colectivo profesional”, destaca Vinuesa, si bien puntualiza que aún queda camino por recorrer, especialmente en la eliminación del techo de cristal, ya que las mujeres en la cúpula de la abogacía institucional o empresarial se reduce a un 20%, aproximadamente; la brecha salarial, puesto que las abogadas españolas ganan de media unos 450 euros al menos que sus compañeros varones; o las barreras de género, que provocan por ejemplo que el 77% de las abogadas considere que no tener hijos ni familiares a quienes cuidar es un aspecto importante para lograr el éxito profesional, frente al 54% de los letrados que piensa lo mismo, según las estadísticas de una encuesta elaborada por el Consejo General de la Abogacía Española en noviembre de 2017.
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