El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y l’Il·lustre Colegi de Graduats Socials de Barcelona han manifestado repetidamente su malestar ante las Administraciones en relación al retraso en los señalamientos de los juicios en el ámbito social, que actualmente es de más de 2 años en determinados supuestos.
La carga de trabajo de los 30 juzgados sociales de Barcelona supera actualmente y desde hace varios años, en mucho, los módulos preestablecidos al respecto. En Madrid, una plaza con un volumen de casos comparable a los de Barcelona, disponen de 10 jueces de refuerzo y la posibilidad de ampliar su número si los retrasos de los juzgados lo precisan.
Ante la falta de respuesta de las Administraciones: Ministerio de Trabajo, Consejo General del Poder Judicial, Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, y habiendo llegado a una situación límite, los Jueces y Magistrados de los Juzgados Sociales de Barcelona, el pasado mes de diciembre y como medidas de contención y protección de riesgos psicosociales, han tomado el criterio “estrictamente orientador” de celebrar 20 juicios a la semana. Su trabajo ha aumentado estos últimos años considerablemente, el número de asuntos y las sentencias son cada vez más complejas y requieren más tiempo, lo que les obliga a trabajar una media de 50 horas a la semana.
Si bien, se van a poner en funcionamiento 3 juzgados sociales de refuerzo en Barcelona a partir de los primeros días de marzo, esta medida es totalmente insuficiente y no podrá parear el retraso acumulado desde hace varios años, tan solo servirá para que determinados asuntos de reciente incorporación se puedan celebrar en muy breve espacio de tiempo, mientras que los ya señalados para el 2019 siguen a la espera de juicio.
Desde 2005, la plantilla de jueces de los juzgados sociales de Barcelona no se ha visto incrementada y se han realizado tan solo ajustes con el objeto de resolver temporalmente, y sin éxito, el elevado número de asuntos derivados de la crisis laboral resultante de la situación económica general que vive el país y de los cambios en las leyes laborales.
Por otra parte, el propio Consejo General del Poder Judicial, ante las quejas de los jueces y magistrados de lo Social de Barcelona, ha informado de la necesidad de crear nuevos Juzgados permanentes en dicha jurisdicción, que a nuestro parecer, no puede ser inferior a seis, teniendo en cuenta que en 2005 los casos pendientes eran de 8.000 y ahora más de 34.000.
Debemos destacar además, que otras jurisdicciones que tienen poblaciones similares disponen de un mayor número de juzgados de lo social.
Los colectivos denunciantes se ponen a disposición de las administraciones, como ya venimos reiterando, para colaborar en lo posible, con el ánimo de intentar resolver esta situación extrema que afecta seriamente a trabajadores y empresas.
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