Tegucigalpa, 30 abr (EFE).- Al menos 227 abogados de Honduras denunciaron entre 2016 y 2023 estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado, informó este martes la titular del Comisionado de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre.

Según la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del organismo de derechos humanos, 170 abogados, que representan el 75 % del total de las quejas, denunciaron estar en riesgo de desplazamiento forzado y 57 que han sido víctimas de esta situación.

El 75 % de los abogados denunció además ser víctima de amenazas, mientras que el restante 25 % manifestó ser afectado por la extorsión, lesiones, atentados y tentativas de homicidio, añadió.

La Defensora del Pueblo hondureño instó a las autoridades a promover "mecanismos de seguridad" que permitan salvaguardar la integridad física y la vida de los profesionales del derecho y sus familiares.

"En cualquier sociedad, la vida del profesional del derecho representa esperanza para una sociedad necesitada de justicia", enfatizó Izaguirre.

El 64 % de los hechos violentos que experimentaron los abogados entre 2016 y 2023 se registraron en el departamento de Francisco Morazán, seguido de Cortés (17 %), Olancho, Valle y Choluteca, con 4,7 % cada uno.

El organismo de derechos humanos ve "con preocupación la situación de violencia que enfrentan, desde hace varios años, las personas que se dedican al ejercicio del derecho", señaló Izaguirre.

Los principales responsables del desplazamiento de abogados fueron personas desconocidas, maras y pandillas, bandas criminales, operadores de justicia y compañeros de trabajo, agregó el Comisionado de Derechos Humanos.

El Parlamento hondureño aprobó en 2022 la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, un fenómeno que el país reconoció en 2013.

El organismo de derechos humanos también registra el asesinato de más de 200 abogados entre 2004 y 2024 y el 95 % de los casos se encuentran en la impunidad.

El 70 % de los casos de asesinatos de abogados se registraron en los departamentos de Francisco Morazán, región central, donde se localiza Tegucigalpa, y Cortés, en el norte, precisó.

Según el organismo de derechos humanos, entre los más de 200 abogados asesinados figuran fiscales y especialistas en derecho penal y derecho mercantil, defensores públicos y asesores legales, entre otros.