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  • El decano, Francisco Javier Lara, recoge el distintivo de manos del presidente de la institución provincial, Elías Bendodo
  • Este Oficina ha evitado el desahucio de más de 500 familias de la provincia, excluyendo la capital y Antequera

Los abogados adscritos a la Oficina de Intermediación Hipotecaria han recibido hoy el Premio de Responsabilidad Social Corporativa que entrega la Diputación de Málaga, en reconocimiento a su labor para asesorar a las personas en riesgo de perder su vivienda.

De esta manera, se premia la labor que han desarrollado 133 letrados malagueños para asesorar a las personas afectadas por riesgo de desahucio y para mediar con las entidades financieras. Los letrados prestaron este servicio de manera altruista durante desde que se puso en marcha en 2012 hasta este año, cuando la Diputación se comprometió a abonar el servicio.

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha recogido el premio de manos del presidente de la institución provincial, Elías Bendodo. Junto a ellos, han estado en el acto la portavoz de Málaga Ahora en la Diputación, Rosa Galindo, y la diputada de Ciudadanos Teresa Pardo.

Bendodo ha destacado que “la profesionalidad, el esfuerzo, el compromiso, la sensibilidad y la solidaridad de estos abogados han servido de ayuda a cientos de familias de la provincia en riesgo de perder su vivienda”. Este es un reconocimiento que la Diputación de Málaga realiza anualmente para valorar las mejores iniciativas y buenas prácticas en responsabilidad social de las entidades locales, empresas privadas y entidades sociales.

Espaldarazo a la labor de los abogados

El decano del Colegio de Abogados ha agradecido el premio, “que nos anima a seguir trabajando y supone un espaldarazo a la labor social que tantos abogados realizan en la provincia”.

 “Perder la vivienda es un auténtico drama por el que han tenido que pasar muchas personas normales en la provincia, ciudadanos que se han visto inmersos en este lamentable problema. Ante esta situación, al igual que en otros problemas sociales como la violencia de género, los abogados malagueños no nos hemos quedado con los brazos cruzados”, ha añadido.

Lara se ha referido también a otras actividades de RSC que realiza el Colegio, como destinar el 0,7% de su presupuesto a causas sociales, realizar programas para prevenir y combatir la violencia de género, desarrollar actividades de recogidas de alimentos y de juguetes y prestar un servicio de orientación jurídica para quienes ejercen la prostitución.

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora en la Diputación, Rosa Galindo, ha insistido en el papel que deben jugar las administraciones públicas para que ninguna familia se quede en la calle. "Hay situaciones en las que no podemos evitar un desahucio a nivel legal, pero sí podemos habilitar mecanismos para que ninguna familia se quede en la calle, y mucho menos con menores", ha explicado.

Se han evitado 500 desahucios

La Diputación de Málaga y el Colegio de Abogados pusieron en marcha, en septiembre de 2012, la Oficina de Intermediación Hipotecaria. “Fue en un momento en el que la crisis económica golpeaba con fuerza a nuestra sociedad y, con esta Oficina, aportamos nuestro granito de arena para paliar las necesidades de muchas familias malagueñas”, ha recordado el presidente de la Diputación.

Desde entonces hasta finales de 2015, se han evitado 500 desahucios de personas de la provincia (excluyendo la capital y Antequera), buscando para los afectados, soluciones como la dación en pago, la suspensión del alzamiento, los acuerdos de intermediación bancaria, la reestructuración de la deuda y los alquileres sociales.

Todos los grupos políticos de la institución provincial acordaron incorporar nuevas actuaciones por parte de la Oficina de Intermediación Hipotecaria para mejorar la atención y la asistencia a las personas afectadas, contando, además, con la opinión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

En este sentido, se ha solicitado la colaboración de los ayuntamientos para elaborar un censo con el parque de viviendas disponibles en la provincia que pudieran destinarse a alquiler social. Igualmente, se ha difundido comarcalmente la labor que realiza la Oficina para que sea más conocida y sirva de apoyo a más personas con riesgo de perder su vivienda.




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