El Jefe de la Asesoría Jurídica de la Guardia Civil ha emitido una propuesta de resolución en la que se sugiere no adoptar ninguna medida disciplinaria para los dos guardias civiles que fueron expedientados por las manifestaciones en contra de la ley de amnistía expresadas en un rotundo comunicado de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) titulado La última barrera ante la derrota del imperio de la Ley.

 

Los afectados, presidente y secretario de la mencionada Asociación, fueron expedientados por la comisión de la falta muy grave tipificada en el art. 7.2 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, consistente en la violación de la neutralidad en el desarrollo de la actuación profesional.

 

Sin embargo, la propuesta de resolución, de fecha 11 de marzo de 2024, se inclina por la terminación del expediente sin declaración de responsabilidad respecto de los dos guardias civiles. En concreto, el Jefe de la Asesoría Jurídica de la Guardia Civil considera acreditado que el repetido comunicado no fue redactado por ninguno de los expedientados y que;su elaboración fue encargada a un despacho de abogados; PenalTech, siendo su máximo responsable Fran Peláez, ajeno a la Institución y al ámbito de aplicación personal del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.

 

Según el máximo responsable de la Asesoría Jurídica de la Guardia Civil, no resulta posible integrar la conducta observada por los expedientados en la falta muy grave prevista en el art. 7.2 de la LO 12/2007, de 22 de octubre, que les es imputada;. De hecho, la propuesta de resolución, de forma tajante, descarta su encuadre en la aludida falta grave y "en ninguna otra", es más, ni tan siquiera por la vía de una supuesta culpa in vigilando del presidente de la asociación, en relación a una hipotética pasividad en la comprobación de la materialización de las directrices dadas para la elaboración del comunicado en la que pudiera haber incurrido, todas vez que ni siquiera esa actuación omisiva sería típica, al producirse en el ámbito de la gestión de la asociación profesional y con personas ajenas a la institución, avisa la propuesta de resolución.

 

El dictamen informa que Fran Peláez, socio fundador de PenalTech, asumió y  corroboró ante el propio Instructor la elaboración del comunicado bajo la cobertura del contrato de arrendamiento de servicios profesionales que une a la Asociación y al despacho de abogados desde 2021.

Ahora, una vez archivado el expediente, el abogado no ha dudado en mostrar su asombro por la celeridad en la que se optó por acusar a los guardias civiles y denuncia públicamente las distintas tropelías que se cometieron al inicio de la tramitación de este expediente. Se propuso apartar a los agentes del servicio durante tres meses, el máximo permitido. Sin embargo, este período no llegó a completarse ya que el Tribunal Militar Central suspendió tal medida cautelar por considerarla absolutamente desproporcionada y no motivada. Además, en ningún caso se pusieron en contacto con los agentes de forma interna para aclarar lo ocurrido o simplemente para conocer el origen del mencionado comunicado expone Fran Peláez. Después llegaría el linchamiento mediático con la publicación y difusión de la decisión del Ministerio del Interior de expedientar a los guardias civiles en decenas de medios a nivel nacional, lamenta el abogado.