Madrid, 1 ago (EFE).- Jucil, la asociación profesional mayoritaria en la Guardia Civil, ha pedido que los dispositivos de toma de imagen y sonido pasen a ser elementos de dotación del agente para poder grabar sus intervenciones policiales, “sin perjuicio de que puedan ser adquiridos por el propio interesado en contar con ello”.

Jucil ha hecho esta petición a la Dirección General de la Guardia Civil, al considerar que disponer de un sistema de grabación de toda la intervención policial beneficia no solo a los agentes sino también a los ciudadanos, que contarán con un mejor elemento de prueba de cómo han ocurrido los hechos, ha informado en un comunicado.

Esta asociación ha solicitado autorización sobre todo para los agentes que prestan servicio en el área de seguridad ciudadana, pero también para los que desarrollan tareas de control y lucha contra determinados tipos de delitos, además de aquellos que operen en zonas de especial nivel de delincuencia.

Jucil ha pedido también a la Dirección General que aclare una normativa que "resulta confusa y contradictoria" sobre la posibilidad de que los guardias civiles puedan portar cámaras o grabar con un teléfono móvil sus actuaciones profesionales.

Y exigen que se dicten las disposiciones normativas precisas que garanticen la seguridad, física y jurídica de los miembros de la Guardia Civil y que, por tanto, se autorice el uso de dispositivos de toma de imágenes y sonido de carácter móvil a los guardias en el ejercicio de sus funciones.

La petición coincide con un aumento de agresiones a guardias civiles en las que a veces resulta difícil identificar al autor o autores de los hechos, según Jucil, que asegura que hay, además, un incremento del número de denuncias, y de expedientes disciplinarios, contra los propios guardias civiles.

Una situación, según la asociación, que se agrava en lugares en los que, por escasez de la plantilla o por la naturaleza de los operativos, los guardias civiles realizan labores de patrulla de manera unipersonal, ya que "disminuyen sus posibilidades de defensa" a nivel jurídico, puesto que se le genera una "manifiesta indefensión" ante una posible denuncia por no poder acreditar cómo han ocurrido los hechos.