La especialización en Derecho Digital busca su hueco en la abogacía española. El último avance en esta dirección llega de la mano del acuerdo que acaban de firmar el Ilustre Colegio de Abogados de Granada (ICAGR) y la Cámara de Comercio de la ciudad: la puesta en marcha del Máster en Digital Law and Business Tech, cuya primera edición se llevará a cabo entre el mes de noviembre del presente curso y junio del próximo año.

Se trata de un título oficial de posgrado que podrá desarrollarse a través de la Escuela de Dirección y Altos Estudios (Ediae) y que se centra en abordar todo un programa multidisciplinar diseñado para que cualquier profesional del Derecho pueda dirigir su carrera hacia esta rama tan concreta. Teniendo en cuenta que la demanda en el mercado jurídico exige más letrados especialistas en tecnología, el reto ahora pasa por mejorar las competencias de los bufetes en este sentido.

Contenido académico

Para conseguir este tipo de propósitos, el Máster Law and Business Tech perfila todo un plan de formación compuesto por diversas materias relacionadas con las tecnologías emergentes, orientadas a su vez al mundo del Derecho. El máster tendrá una carga académica de cuatrocientas horas y estará impartido por sesenta docentes que son toda una referencia en sus respectivas áreas profesionales. Además, toda vez que el alumno complete sus estudios, tendrá la opción de disfrutar de un programa de prácticas remuneradas en empresas y despachos de primer nivel durante un periodo de tres a seis meses de duración.

El Colegio de Abogados granadino propone así la oportunidad de hacer que los letrados que lo deseen alcancen el dominio en aspectos como la protección de datos y derechos cibernéticos, el proceso y la prueba digitales, la contratación electrónica o la legislación en torno al entretenimiento online, por citar sólo algunos ejemplos. Cabe recordar que el máster puede realizarse tanto de manera presencial en las instalaciones de Ediae como a través de la plataforma virtual que la propia escuela ofrece en internet. Hasta la fecha, ya se ha matriculado más de una quincena de alumnos, por lo que restan pocas plazas vacantes para completar el cupo.

El sector de la abogacía en Granada contará en esta iniciativa con una situación de preferencia, y es que el acuerdo entre el Colegio y el ente cameral contempla que los colegiados de esta provincia puedan recibir un dieciocho por ciento de descuento a la hora de tramitar la matrícula en el máster. Bajo esta misma línea, los despachos jurídicos que forman parte del ICAGR tendrán prioridad sobre otros despachos para recibir estudiantes que se encuentren en la fase de prácticas.

Para Leandro Cabrera, que se ocupa de dirigir el decanato del Colegio granadino, los procesos de transformación digital constituyen a día de hoy un elemento indispensable en la parcela jurídica, teniendo en cuenta que el avance tecnológico impregna cada uno de los sectores que componen la sociedad. A partir de esta idea, Cabrera entiende que la función del ICAGR también pasa por poner a disposición de los abogados todas aquellas herramientas que les permitan adecuarse a las exigencias digitales que marca el panorama profesional. Según el decano, casi el cincuenta por ciento de los bufetes del territorio español tiene problemas para encontrar juristas que estén sobradamente preparados para afrontar contextos de digitalización.

En favor del secreto profesional

Por su parte, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), consideran que las instituciones colegiales deben promover la adaptación de la abogacía a las nuevas realidades, apostando fundamentalmente por reforzar la ciberseguridad en torno a la información sensible que se archiva en los despachos. Estos, tratando siempre de respetar al máximo el secreto profesional, están incorporando poco a poco el modelo de software que tan buenos resultados viene ofreciendo en otros entornos virtuales como las entidades bancarias o las plataformas de juegos de azar, acostumbradas también a manejar un flujo abundante de datos personales.

Las primeras llevan años especializadas en mantener a salvo los datos personales de sus clientes frente a la amenaza de los hackers. Para ello, disponen del denominado certificado TLS (Transport layer security), un recurso informático cuya función es la de cifrar números de cuenta, nombres completos o claves privadas, evitando así que todo este contenido quede al alcance de terceras personas mientras se transfiere desde la web hasta el servidor.

Tampoco defraudan en esta materia los espacios digitales dedicados al juego, donde el uso de determinados protocolos de seguridad impide que se produzcan delitos de suplantación de perfiles. En esta dirección se mueve por ejemplo el mejor casino online en España, que incorpora en todas sus operaciones el conocido como sistema KYC (Know your customer). Se trata de un mecanismo de verificación de identidad que se encarga de comprobar que el usuario que intenta acceder a una cuenta es realmente la persona que dice ser. El procedimiento es tan sencillo como práctico: la sala de juego solicita al jugador toda la documentación telemática que sea necesaria para identificarlo, pudiendo incluso emplear pruebas de carácter biométrico, como un test de reconocimiento facial o de escaneo de huellas dactilares, cuando lo estime pertinente. Con este contexto de por medio, no resulta extraño que desde la abogacía hayan tomado buena nota de ello.

En cuestiones de rentabilidad, el estudio ‘The future ready lawyer 2021’, elaborado por Wolters Kluwer, compañía dedicada al desarrollo de aplicaciones para profesionales del Derecho, aborda el beneficio que deja la apuesta por la innovación en entornos laborales de este calibre. Según sus datos, el cuarenta y siete por ciento de los abogados declara haber obtenido una mayor rentabilidad económica en su negocio gracias a la incorporación de nuevos recursos tecnológicos.