La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a una pena de 45 días de cárcel, sustituida por el pago de una multa de 540 euros, a un funcionario del Ayuntamiento de Constantina acusado de un delito de malversación de caudales públicos tras apropiarse en su propio beneficio de 1.100 euros de las arcas municipales procedentes del cobro de tasas para el montaje de las atracciones y demás puestos de la feria de la localidad.
El acusado iba a ser enjuiciado por un jurado popular, pero la vista oral no se celebrará finalmente tras la conformidad alcanzada por la Fiscalía, la defensa y el propio investigado, que ha sido condenado, por un delito de malversación de caudales públicos con las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas, a la pena de 45 días de prisión, sustituida por multa de 540 euros; al pago de una multa de 90 euros, y a tres meses de inhabilitación especial de cargo o empleo público.
De este modo, y por conformidad de las partes, la Audiencia considera probado que el encausado ostentaba la condición de funcionario de plantilla para el Ayuntamiento de Constantina desde el 19 de abril de 1980, de modo que, durante el año 2012, estaba encargado de la coordinación de la feria local del municipio conjuntamente con otra persona, encargándose así de recaudar las tasas municipales a los clientes para el montaje de las atracciones y demás puestos de la feria.
Para ello, desde la Tesorería del Ayuntamiento se le entregó personalmente al acusado un talonario de recibos para hacer efectivos dichos cobros que iban numerados correlativamente desde el número 351 al 400, según indica la Audiencia Provincial de Sevilla en la sentencia dictada el día 15 de octubre.
La Audiencia señala que, hasta en dos ocasiones y “bajo distintas excusas”, el investigado recibió, “sin la presencia” del otro coordinador de la feria y “de forma individual y en efectivo”, el importe de distintas contribuciones, “parte de las cuales no ingresó en las arcas municipales, apropiándose en su propio beneficio de 1.100 euros”.
Como consecuencia de estos hechos, por decreto de Alcaldía se acordó iniciar expediente disciplinario al acusado, que ha sido condenado también a indemnizar al Ayuntamiento con la referida cantidad de 1.100 euros, una cantidad que ya ha sido consignada por el propio investigado, por lo que la sentencia le aplica en este sentido la atenuante de reparación del daño.
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