La magistrada presidenta del tribunal del jurado que la próxima semana debía juzgar a un funcionario de la Universidad de Cantabria por enriquecerse con casi 40.000 euros ha dictado sentencia in voce tras el acuerdo alcanzado por todas las partes.
La sentencia, que ya es firme, condena al citado trabajador como autor de un delito continuado de falsedad cometido por funcionario público en concurso con un delito continuado de estafa, también cometido por funcionario público.
La pena impuesta, con la que se ha mostrado conforme el acusado, es de dos años de prisión, tres de inhabilitación para empleo o cargo público dedicado a la gestión administrativa en cualquier ente u organismo público, y 3.600 euros de multa.
Se han tenido en cuenta las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, ya que el acusado ha consignado judicialmente 39.700 euros por la cantidad que desvió injustamente y otros 14.000 euros en concepto de intereses. Ahora, la magistrada ordena la entrega de tales cantidades, que suman 53.700 euros, a la Universidad de Cantabria.
Junto al funcionario público son condenadas tres personas que se concertaron con aquel para ceder sus datos personales y figurar como docentes en la documentación que el principal acusado elaboraba, firmaba y pasaba al cobro.
Esas tres personas son cómplices del delito continuado de falsedad en concurso con el delito continuado de estafa, y la pena que deben afrontar cada una de ellas asciende a un año y dos meses de prisión, dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y 1.800 euros de multa.
Junto a ellos, también resultan condenados una trabajadora de la Universidad y su pareja, quienes fueron asesorados por el principal acusado para cobrar fraudulentamente un dinero de la institución académica.
La trabajadora recibió un pago a través de su novio, que era el que aparecía en la factura, pero comunicó a la Universidad la irregularidad y restituyó el importe.
La pena para estos dos acusados, a los que se les reconoce la atenuante de reparación, como autores de un delito de falsedad es de tres meses de prisión y 900 euros de multa.
Hechos probados
Tal y como figura en el escrito presentado al tribunal que después ha dado lugar a la sentencia dictada verbalmente, el funcionario fue administrador del Departamento de Derecho Civil entre los años 2011 y 2016.
Entre sus funciones se encontraba la de elaborar la documentación necesaria para el desarrollo de la actividad académica, como cursos y másteres, incluyendo las certificaciones de la docencia impartida y las solicitudes de pago de la retribución de profesores y ponentes.
Según se ha declarado probado, el acusado, “con intención de obtener un injusto enriquecimiento en el desempeño de sus funciones mediante el cobro de cantidades indebidas por parte de la Universidad, confeccionó decenas de documentos de su departamento en los que hacía constar falsamente como profesores de los cursos a terceras personas”.
Además, simulaba las firmas de los directores de los cursos tanto en los listados alterados de profesores como en las peticiones de pago, y también la firma del supuesto profesor en la hoja de asistencia y en la petición de pago.
De este modo, el acusado “lograba engañar al Servicio de Gestión Académica, que ordenaba el pago de cantidades a personas que nunca habían impartido clase alguna en tales cursos, logrando de tal manera en el periodo referido que se realizasen un total de 26 pagos fraudulentos por un importe total de 39.700 euros, cantidad que posteriormente él mismo recibió de manos de aquellos falsos profesores”.
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