Según los últimos datos recogidos por el Colegio de la Abogacía de Madrid, uno de cada tres señalamientos programados ayer en la Comunidad de Madrid fue suspendido como consecuencia de la huelga de los funcionarios de Justicia. En los juzgados de Plaza de Castilla el porcentaje de suspensiones se elevó hasta el 78%, celebrándose únicamente 32 de las 147 vistas programadas.
En los juzgados de lo Social, donde se dirimen diariamente cientos de asuntos relacionados con despidos, reclamaciones de cantidad o modificación de las condiciones laborales, se suspendieron 186 de las 341 vistas programadas este martes, el 55%. Cerca de su sede en la calle Princesa, en Gran Vía 19, los juzgados de lo Contencioso Administrativo registraron un 61% de suspensiones.
Por partidos judiciales, Getafe registró el mayor impacto, con un 42% de vistas no celebradas. Lo siguen Madrid capital, con un 38%, y Fuenlabrada, con un 33%.
“Ayer se suspendieron 422 vistas en Madrid por la huelga de funcionarios. Esta situación es insostenible para los profesionales y la sociedad”, ha señalado el decano Eugenio Ribón, alertando una vez más desde el ICAM “de la gravísima afectación de los derechos de la ciudadanía”. Una ciudadanía que, como recuerda el diputado responsable de Defensa de la Abogacía del ICAM, Javier Mata, contribuye con sus impuestos y con las tasas judiciales a mantener el servicio público de Justicia.
Como consecuencia de la concatenación de huelgas en el sector, “son cientos de miles los ciudadanos que están atrapados y con graves consecuencias personales”, recuerda Mata, desde trabajadores que no están percibiendo los salarios, cónyuges que no reciben sus pensiones compensatorias o hijos que no obtienen pensiones de alimentos, hasta empresas que no perciben deudas de sus proveedores.
Para el diputado del ICAM, un hecho al que no se está prestando la suficiente atención es el perjuicio que esta situación está provocando a los profesionales que trabajan en el entorno de los juzgados y tribunales; abogados, procuradores o graduados sociales, cuyos honorarios están indexados a los avances en los procedimientos que, como consecuencia de las huelgas, están quedando paralizados.
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