De esta forma, descontando del dato de 2015 estos expedientes que, por sus características, resultan de difícil repetición en el tiempo, los resultados de 2016 supondrían mejorar en más de 1.900 millones de euros, un 14,9%, los obtenidos el año anterior. Además, esta cifra de 2016 implica superar en más de 2.500 millones (20,8%) los resultados alcanzados en el año 2014.
De los resultados globales, 14.379 millones de euros se corresponden con el 'indicador 3' de objetivos, los resultados obtenidos por la Agencia en el ejercicio de sus funciones de prevención y lucha contra el fraude, que disminuyen un 5,3% por el efecto de los expedientes singulares en 2015.
Esta recaudación se desglosa, a su vez, en ingresos directos procedentes de actuaciones de control ('indicador 3.1'), que suman 9.533 millones de euros, y la minoración de devoluciones solicitadas por los contribuyentes ('indicador 3.2'), que totalizan 4.846 millones. Es, precisamente, en este último indicador donde se produce el efecto negativo de la comparación con los expedientes singulares de 2015.
Los ingresos de la Agencia Tributaria por lucha contra el fraude se completan con 504 millones de euros procedentes de declaraciones extemporáneas (fuera del plazo voluntario) sin requerimiento previo por parte de la Agencia.
Consolidación de cifras récord de actividad inspectora
La Agencia Tributaria ha consolidado el pasado año en cifras récord su actividad inspectora, impulsando un total de 108.338 actuaciones nominales de comprobación e investigación, por encima de las 107.580 del año anterior.
Paralelamente, el año pasado se realizaron minoraciones de bases imponibles negativas, de deducciones en cuota pendientes de aplicar y de cuotas a compensar que han permitido elevar cuotas tributarias por importe de 3.705 millones de euros, de las cuales un 40% se corresponden con actuaciones de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Los resultados de estas actuaciones no computan en los resultados de control de la Agencia al no suponer ingreso ni minoración de devoluciones, pero resultan de gran trascendencia a los efectos de ensanchar futuras bases imponibles y elevar la recaudación.
Especial relevancia han tenido también el pasado año las actuaciones de entrada y registro realizadas por el Área de Inspección con el apoyo de personal de las Unidades de Auditoría Informática. Las UAI participaron en 2.021 actuaciones de estas características en 2016, un 24% más que el año anterior. Desde 2012 se han duplicado estas actuaciones de las UAI, que han resultado de gran eficiencia para la detección del 'software de ocultación', la obtención de pruebas en general, y la reducción del tiempo de duración de las comprobaciones inspectoras.
De igual forma destacan las visitas presenciales ('peinados') destinadas al control in situ de obligaciones formales y registrales en sectores de riesgo fiscal. En esta actividad, directamente centrada en la detección de economía sumergida, se realizaron 24.491 actuaciones, un 12% más que en 2015, destacando el incremento del 49% en las destinadas a aflorar alquileres opacos.
También se han seguido impulsando otras actuaciones tendentes al control y reducción de la economía sumergida haciendo uso de todos los instrumentos disponibles, incluidos aquellos derivados de la Ley Antifraude de 2012. En relación con el control de la facturación, medios de pago y uso de efectivo se han efectuado 534 visitas, un 75,6% más que el año anterior, y se han iniciado 7.263 expedientes de análisis de denuncias en relación con el incumplimiento de la limitación de pagos en efectivo, un 19,3% más que en 2015.
Reducción de la deuda pendiente de cobro
En el Área de Recaudación destaca muy especialmente el pasado año la fuerte reducción registrada en la deuda pendiente de cobro, que descendió un 6,9% hasta los 45.849 millones de euros. Esta reducción, de más de 3.400 millones, es la mayor registrada nunca en la Agencia Tributaria.
Al mismo tiempo, y como en años anteriores, en 2015 la Agencia ha seguido impulsando las actuaciones más cualificadas del Área de Recaudación para lograr el cobro efectivo de las deudas tributarias. En este sentido, y al objeto de detectar posibles insolvencias ficticias, se han efectuado 26.145 investigaciones de movimientos financieros, un 16,3% más que el año anterior, sextuplicando las actuaciones efectuadas en este sentido en el año 2012.
Además, se han adoptado 3.839 medidas cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales, un 72% más que en 2011, de las cuales más de la mitad se han desarrollado en el marco de las herramientas que ofrece la Ley Antifraude de 2012. Con el mismo objetivo de ampliar las posibilidades de cobro efectivo de las deudas liquidadas, se han efectuado 17.280 acuerdos de derivación de responsabilidad (derivación a terceros distintos del deudor principal), más del doble que los realizados en el año 2012.
También se han abierto 343 expedientes (un 41% más que el año anterior) para la prohibición de disposición de inmuebles de sociedades con las acciones embargadas por pertenecer a un deudor con la Hacienda Pública. Ya son más de 1.000 los expedientes de estas características abiertos en los últimos cuatro años gracias a esta herramienta creada en la Ley Antifraude de 2012 para evitar despatrimonializaciones fraudulentas.
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