San Sebastián, 10 oct (EFE).- El gerente de una hamburguesería donostiarra, acusado de fraude a la Seguridad Social por eludir el pago de las cuotas de varios empleados y no haber dado de alta en el sistema a otros, ha aceptado una condena a seis meses de prisión, tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular.

Según han informado a EFE fuentes del caso, el procesado no deberá cumplir la pena de prisión, ya que ésta le ha sido suspendida con la condición de que abone la deuda de 57.231 euros que tenía contraída con la Seguridad Social, que ahora deberá pagar a plazos a lo largo de los dos próximos años, en los que, por otra parte, tampoco podrá volver a delinquir.

Inicialmente, el Ministerio Público demandaba dos años de prisión para este hombre que, "a pesar de tener a trabajadores contratados" en la hamburguesería (cerrada ya desde 2017), dejó de abonar las cuotas a la Seguridad Social "en su totalidad" con "impagos" tanto de la cuota obrera como de la empresarial.

Asimismo, desde agosto de 2011, el procesado omitió "totalmente" su "obligación" de comunicar a la Seguridad Social los "conceptos retributivos" abonados a sus trabajadores "a los que pagaba en general en metálico" sin que "hasta el cese del negocio" llegara a comunicar, "como era su deber", las bases de cotización.

El encausado tampoco respondió a los requerimientos que le hizo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que aportase la citada documentación.

"Igualmente -describe el escrito de acusación de la Fiscalía-, en algunas ocasiones el acusado tenía empleadas a personas a las que no había dado de alta en el sistema de la Seguridad Social, lo que se constató en las inspecciones realizadas en el local comercial" explotado por la hamburguesería.

El documento aclara que el encausado "efectuaba los pagos a proveedores y los cobros a clientes en metálico con el fin de ocultar su actividad y eludir el pago de las cuotas debidas a la Seguridad Social".

Una "dinámica de ocultación" que, como indica la Fiscalía, "obligó a la Tesorería General de la Seguridad Social a acudir al sistema de bases estimadas para el cómputo de las cantidades adeudadas".

De esta forma, se determinó que entre octubre de 2013 y octubre de 2017, las cuotas defraudadas ascendieron a 57.231 euros, excluidas las sanciones administrativas y costas.