La crisis económica y humanitaria que trajo consigo la pandemia de la COVID-19 ha provocado un cambio de perspectiva global que ha obligado a adoptar medidas de distinta naturaleza. Medidas que nunca antes hubieran sido imaginadas. En el caso europeo, las medidas de reparación financiera que pretenden reactivar la economía de los hogares de sus estados miembros son dos: el Marco Financiero Plurianual y los Fondos Next Generation EU. Estas dotaciones combinadas suman hasta 1,8 billones de euros, siendo el paquete de fondos más elevado de la historia de la Unión Europea.

Los Fondos Next Generation EU

De los 1,8 billones de euros de los fondos europeos para paliar los efectos de la COVID 19, 750.000 millones forman parte del plan Next Generation, divididos casi al 50% entre subvenciones y préstamos. Respecto al porcentaje que recibirá cada Estado Miembro, el cálculo se ha realizado atendiendo al nivel de impacto de la pandemia y, en consecuencia, a las necesidades reales particulares de cada país.

Como era de esperar, los países más beneficiados son Italia y España, siendo que, en nuestro caso, nos han permitido el acceso de hasta 140.000 millones de euros, de los cuales 72.000 millones podrán ser destinados a ayudas a fondo perdido.

Normativa aplicable

A nivel Europeo, la normativa aplicable que regula la gestión de los fondos Next Generation EU es el Reglamento 2020/2094, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Este reglamento incluye una lista, en su artículo primero, de medidas que se pretenden llevar a cabo, tales como: medidas para restablecer el empleo y la creación de puestos de trabajo; reformas e inversiones para revitalizar el potencial de crecimiento sostenible, o ayudas para las empresas afectadas, en particular las pequeñas y medianas.

A nivel nacional, es el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, que incluye puntos dedicados al control, coordinación, medidas concretas o instrumentos de gestión (como los PERTE).

El Plan España Puede

Para gestionar la inyección de Bruselas, el Gobierno de España presentó, el pasado 30 abril, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia titulado “España Puede”, que fue adoptado por parte del Colegio de Comisarios el 16 de junio y aprobado por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (ECOFIN), el 13 de julio. Este plan, de acuerdo con la información aportada, se erige sobre cuatro ejes transversales: (1) la transición ecológica; (2) la transformación digital; (3) la cohesión territorial y (4) la igualdad de género.

Estos cuatro pilares sirven de estructura base sobre la que se han desarrollando líneas de acción concretas, centradas en objetivos o retos específicos, como, por ejemplo: Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) fusionando colaboración público-privada; subvenciones para la financiación de activos privados o concesiones para la financiación de activos públicos.

Distribución entre Comunidades Autónomas

El Gobierno informó desde el principio de que las administraciones territoriales recibirían una parte importante de los fondos recibidos y que podrían decidir libremente, aunque dentro de los límites autorizados por la normativa comunitaria, a qué áreas destinar los fondos procedentes de Bruselas.

La responsabilidad de decidir sobre la distribución de los recursos fue asignada a las Conferencias Sectoriales de cada Ministerio, que debatieron y decidieron acerca del porcentaje destinado a cada administración territorial. Los criterios de reparto no se alejan de los empleados por Bruselas y se han basado también en el análisis del impacto de la pandemia y las necesidades reales de cada demarcación.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, comunicó el pasado 2 de agosto, que a las comunidades autónomas ya se les han asignado más de 7.250 millones de los fondos UE para la transición ecológica, la vivienda o la educación