- Diego Cabezuela, socio y abogado del despacho Círculo Legal Madrid, señala que “no es nuevo que, para desacreditar a un adversario político, se intenten utilizar las denuncias y los Tribunales, pero es un hecho gravísimo que una institución -como es la Fiscalía-, se desentienda de su deber de neutralidad y quebrante la ley para favorecer a una determinada opción política. El letrado insiste en que “el derecho de defensa es la prima dona de nuestro sistema de Justicia Penal”.
- Para Cabezuela, la ruptura de la confidencialidad y la revelación de información reservada por parte de la Fiscalía a políticos o a determinados medios de comunicación, envía un mensaje terrible y tercermundista a la sociedad y a Europa”.
La revelación por parte de la Fiscalía de los correos electrónicos de la defensa de Alberto González Amador -pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, y hasta la reproducción de sus fotografías en medios de comunicación, ha encendido todas las alarmas. Incluso el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha dado un paso al frente denunciando al Ministerio Público por un presunto delito de revelación de secretos.
Diego Cabezuela, socio y abogado del despacho Círculo Legal Madrid advierte que “ha llegado un punto en el que, para desacreditar a un adversario político, se cruzan todas las líneas rojas del derecho, pero lo realmente grave es que la Fiscalía, o algunos miembros destacados de la Fiscalía, se preste a ese juego, y tire por la borda su independencia”.
Para Cabezuela, lo ocurrido, con el aval nada menos que del fiscal general del Estado manda un mensaje “desolador” a los ciudadanos.
Deber de sigilo
Al margen de la reacción desafortunada de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, subraya Cabezuela, “hacer públicos las propuestas y los reconocimientos de culpabilidad confidenciales formulados por un investigado, en el marco de una negociación de conformidad, vulnera el derecho de defensa, afecta a la integridad del proceso judicial y sobre todo, sume a la Fiscalía en una posición de absoluto descrédito, como instrumento de intereses políticos en vez de ser el guardián de la legalidad, que es lo que se espera de ella”.
“La neutralidad y el imperio de la ley en la actuación de la Fiscalía son principios que deben estar por encima de cualquier consideración”, continúa Cabezuela, que espera que la Fiscalía sea capaz de hacer un “ejercicio de autocrítica profunda y colabore en la búsqueda, y en la separación de los autores de estas filtraciones vergonzosas”.
Cabezuela concluye señalando que “todos sabemos que la mayoría de los miembros del Ministerio Fiscal son profesionales competentes, serios y honestos, pero en todos los colectivos hay puntos negros y en este caso, por lo que hemos visto estos puntos negros son poderosos”.
Acuerdo de conformidad
El comunicado de la Fiscalía del pasado 14 de marzo fue el penúltimo capítulo de un rifirrafe que comenzó con la acusación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en los pasillos de Congreso que reprochó a Isabel Díaz Ayuso vivir en “una casa pagada con dinero defraudado al Estado por la venta de mascarillas”, unas declaraciones previas a que la información fuera publicada en prensa.
Tras ello, Díaz Ayuso se defendió apuntando que había sido la propia Fiscalía quien había ofrecido a su pareja un acuerdo de conformidad. Sin embargo, la Fiscalía salió al paso sirviendo, increíblemente, a la prensa los contactos con la defensa que demostraban todo lo contrario: que el abogado de González Amador reconoció el delito e inició la negociación. Y, por si fuera poco, publicando un comunicado desvelando todos los detalles reservados del asunto.
