Madrid, 11 jun (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha acordado suspender las declaraciones de varios testigos previstas este domingo, una decisión adoptada un día después de que la Fiscalía Europea le reclamase la parte principal de la causa

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este martes, "a la vista de la avocación realizada por la Fiscalía europea" al considerar que en algunos contratos investigados se habían comprometido fondos europeos.

Por el momento, el magistrado no ha adoptado ninguna decisión sobre la declaración de Begoña Gómez como imputada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, fijada el próximo 5 de julio, según informan a EFE fuentes jurídicas.

Se suspenden, por tanto, las declaraciones de David Cierco, director general de la empresa pública Red.es hasta 2021; de su sustituto, Alberto Martínez Lacambra, y las de Luis Prieto e Ignacio Espejo-Saavedra, director de Economía Digital y director adjunto de la Asesoría Jurídica de Red.es, respectivamente.

Mantiene la citación de Luis Martín Bernardos, que fue presidente del grupo Barrabés, adjudicatario de varios contratos que se investigan, si bien la pospone al 15 de julio.

Respecto al empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos investigados y director del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía con Begoña Gómez, también ha suspendido su citación este domingo "a la vista de los informes médicos" sobre su estado de salud y a la espera de que el centro médico donde está ingresado conteste sobre la posibilidad de tomarle declaración.

A la espera de saber qué ocurre con la citación de Gómez, la Fiscalía Europea ya ha reclamado al juez la parte principal del caso, que afecta a las adjudicaciones de contratos públicos a Barrabés, al considerar que tiene competencia al poder estar comprometidos fondos europeos.

El reglamento de la Fiscalía Europea establece que cuando ejerza su derecho de avocación sobre una causa, "las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito".

No obstante, si el juez Peinado discrepa de la tesis de la Fiscalía Europea puede plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, que es el que decidirá quién se queda el caso.