Miriam Mejías

Madrid, 1 mar (EFE).- Con la "prioridad absoluta" de recuperar el dinero que complejas redes criminales tratan de defraudar con cargo al presupuesto comunitario, la Fiscalía Europea ha conseguido en 2023 congelar 126,6 millones de euros en casi medio centenar de investigaciones activas, que han destapado daños de 321,7 millones.

Son datos del informe anual de esta institución, hecho público este viernes, que dan cuenta de la "envergadura" de las investigaciones llevadas a cabo y también del objetivo de la Fiscalía Europea: la recuperación del dinero, que no solo afecta a los intereses financieros de la Unión, sino al bolsillo de todos los ciudadanos.

"Vamos detrás del dinero", explica en una conversación telefónica con EFE el fiscal europeo Ignacio de Lucas, que destaca el incremento (de 169,8 a 321,7 millones) del perjuicio detectado en 2023 por la acción de los delincuentes, tras los que suelen situarse complejas redes que han visto en los fondos europeos otro "nicho de actividad criminal".

Y en España, un país "con una presencia importante de entramados criminales", los delitos perpetrados al presupuesto europeo que persigue esta Fiscalía también están muy presentes, como dan cuenta, por ejemplo, los fraudes de IVA destapados en 2023: nueve investigaciones que han destapado un fraude de 176,1 millones de euros, más del doble que el año anterior.

Además, 13 de las investigaciones que tiene en marcha la institución en España transcienden nuestras fronteras.

En medio del escándalo provocado por la trama de presuntas comisiones en contratos de material sanitario -varios remitidos por Anticorrupción a la Fiscalía Europea- que ha apuntado a un exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, el fiscal De Lucas ha preferido no abordar este caso ni dar detalles de ninguna investigación.

Comprende que "el reproche social es importante" y se pregunta si "lleva aparejado un reproche penal de la misma importancia", pero apela a la rigurosidad de la Fiscalía Europea y se limita a afirmar que estudian cada denuncia.

Una llamada general: estar alerta y denunciar

Ignacio de Lucas destaca la importancia de la Fiscalía Europea, una institución independiente y de carácter supranacional que echó a andar en 2020 y que en estos años ha puesto en marcha una "maquinaria" eficaz, con una mirada "pionera" que le permite abordar complejas investigaciones, algunas con más de medio centenar de implicados.

Y aunque subraya "inequívocos resultados" como el embargo de 126,6 millones de euros en el marco de esas pesquisas en 2023, también es consciente de la disminución en el número de investigaciones abiertas (29 frente a 43 de 2022) y de denuncias (55 frente a 76 el año anterior).

Por eso, hace una "llamada general" a todas las instituciones y ciudadanos a "estar alerta" ante posibles fraudes a los fondos europeos. "Necesitamos ser más activos en la detección. No podemos permanecer mano sobre mano", advierte.

"España recibe una cantidad importante de fondos y tenemos que extremar las medidas de detección", incide, y recuerda que la "fórmula" para denunciar es "absolutamente" sencilla: un simple cuestionario en la web de la institución.

De Lucas, que llegó el pasado verano a la Fiscalía Europea procedente de la Fiscalía Antidroga, afirma que hay "margen" para seguir creciendo y "ser más eficaces", pero para ello también se necesitan más recursos, y recuerda, por ejemplo, que solo hay siete fiscales delegados españoles y que no cuentan con una unidad policial adscrita.

Tiene claro que la Fiscalía Europea es "clave" para desentrañar los entramados criminales y llevarlos a juicio, pero invita también a la "reflexión" sobre la necesidad de conocer sus patrones, sus fortalezas y también los puntos débiles en las subvenciones europeas.

Todo ello para tener una "fotografía exacta" de lo que ocurre y ser capaz de dar una "respuesta más eficaz" con el triple objetivo de recuperar el dinero, preservar la seguridad que amenazan esos entramados y salvaguardar la confianza en las instituciones.

Entre los delitos investigados por la Fiscalía Europea, que en 2023 consiguió cuatro condenas en España, figuran fraudes en la contratación o en los ingresos de IVA, y otros como blanqueo en casos que hayan afectado a los fondos europeos. En España, la mayor parte de los fraudes afecta a programas de desarrollo agrícola y rural.