El Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid ha reconocido a un abogado haber perdido su expediente judicial, dos años después de que éste interpusiera una queja ante el juzgado y tras reclamar una investigación ante el Consejo General del Poder Judicial.

“Gracias a esta resolución, nos damos cuenta que recurrir al CGPJ es útil, y a veces cuando nos llevan dando largas años sobre un procedimiento, se está intentando esconder su pérdida o graves incidencias que sólo podemos desbloquear con la ayuda de terceros”, afirma Ignacio Palomar, abogado que ha llevado el caso.

La primera denuncia se remonta a 2022. “Avisamos mediante escritos y llamadas al juzgado que seguían pasando los meses, y siempre nos decían que iban con mucho retraso”, relata.

Ya habían pasado más de dos años cuando decidió presentar una queja al CGPJ. “Estaban secuestrando la Justicia. Nos estaban encubriendo la pérdida”, denuncia Palomar, que manifiesta que ayer el juzgado les notificó la resolución reconociendo la pérdida del expediente emplazándoles a una cita para hacer una reconstrucción de autos para el próximo 11 de junio.

“Echaban la culpa a que la sección se encontró vacante durante tres meses, dada la baja por enfermedad de la titular de la plaza, y han tardado dos años en reconocerlo. Es impresionante que pase esto en España”, lamenta.

“Nos comentaron entonces que habían procedido a la búsqueda del presente procedimiento, no encontrándose en la sección donde habitualmente estaba depositado y que iniciaban durante 10 días la búsqueda por todo el personal del Juzgado, incluyendo a su Señoría”, explica el letrado.

La denuncia presentada por el abogado era en contra de un hombre que presuntamente se dedicaba a estafar con la venta de licencias VTC. “El daño causado por tan acentuada demora a mis mandantes es disparatado”, añade el abogado.

“En esta ocasión tenemos un tirón de orejas al juzgado. Es una vergüenza y una irresponsabilidad, y que esto sea conocido es importante para corregirlo y que no vuelva a suceder”, añade el abogado que aconseja recurrir ante el CGPJ o comunidad autónoma “si un expediente no avanza después de años, y no proveen a los afectados de los escritos de impulso, pues una justicia lenta no es una justicia de verdad”.