En la actualidad, el exceso de velocidad constituye una de las infracciones de tráfico más frecuentes en España, con implicaciones potencialmente catastróficas para la seguridad vial y que ponen en un serio compromiso la vida de terceras personas, siendo este el principal motivo por el que el legislador se ha encargado de tipificar este delito.

En este contexto, resulta fundamental el asesoramiento y la representación legal adecuada para afrontar las implicaciones jurídicas de este delito. Los profesionales en derecho penal se erigen como figuras esenciales en la defensa de los derechos de aquellos individuos que enfrentan acusaciones por exceso de velocidad, siendo en estos casos imprescindible tener un despacho de abogados en Barcelona o un despacho de abogados en Madrid que se pueda ocupar de nuestra defensa.

El Delito de Exceso de Velocidad

El exceso de velocidad se define como la acción de conducir un vehículo a una velocidad superior a los límites establecidos por la normativa de tráfico, los cuales se ajustan en función de cada tipo de vía. Esta conducta negligente puede poner en peligro tanto la vida de los ocupantes del vehículo como la de peatones y otros conductores. Además del evidente riesgo para la seguridad, el exceso de velocidad conlleva implicaciones legales significativas.

Con la reforma introducida en 2007, por la Ley Orgánica 15/2007 de 30 de noviembre, el artículo 379 del Código Penal, se vio reformado de forma considerable. Tanto es así que pasó a incluir, junto a la acción de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, la acción de conducir a alta velocidad. Por lo tanto, no fue hasta 2007 que fue incluida ex novo la tipificación de la conducción a una velocidad excesiva.

El delito de conducir por encima de la velocidad permitida está configurado por el legislador como delito doloso y denominado como de peligro abstracto puro, pues el tipo penal exige, única y exclusivamente, el exceso de velocidad, sin necesidad de generar ningún tipo de daño. Esto es algo que no ocurre en el caso de los delitos de peligro concreto, donde no se exige la producción de un peligro efectivo o, dicho de otro modo, que se ponga en peligro bienes jurídicos de otros usuarios de las vías, sino que objetivamente se considera que esas velocidades excesivas conforman un peligro per se para la seguridad vial, por lo que requieren de una sanción.

Para conocer de forma más concreta cuál es la velocidad a partir de la cual es delito, hay que acudir a la normativa administrativa, concretamente al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de circulación, pues es ahí donde encontraremos las velocidades máximas en función de la vía por la que se circule:

En vías urbanas y travesías: 50 kilómetros por hora, salvo vehículos que transporten mercancías peligrosas, que circularán como máximo a 40 kilómetros por hora.

En vías interurbanas: Se distingue según el vehículo de motor con el que se circule. Así, en autopistas y autovías, la velocidad máxima será de 120 kilómetros por hora para turismos, motocicletas, autocaravanas de masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kg; 100 kilómetros por hora en caso de autobuses, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables; 90 kilómetros por hora en caso de camiones, tractocamiones, furgonetas, autocaravanas de masa máxima autorizada superior a 3.500 kg, vehículos articulados, automóviles con remolque y resto de vehículos.

Las Penas en los Delitos de Exceso de Velocidad

El Código Penal español tipifica el delito de exceso de velocidad como una infracción contra la seguridad vial, estableciendo sanciones y penas acordes con la gravedad del caso. Ante estas circunstancias, resulta crucial contar con la asesoría de profesionales en derecho penal, expertos en derecho penal y con un profundo conocimiento de la legislación vigente.

Las penas establecidas para el delito de exceso de velocidad en España varían según la gravedad de la infracción y las circunstancias específicas del caso. Algunas de las posibles penas aplicables son:

Sanciones económicas: El infractor puede ser sancionado con multas pecuniarias que oscilan en función de la velocidad excedida y la normativa infringida. Estas multas pueden ir desde cantidades moderadas hasta montos más elevados.

Deducción de puntos del permiso de conducir: En España, el sistema de puntos del permiso de conducir contempla la pérdida de puntos como consecuencia de infracciones de tráfico. El exceso de velocidad puede llevar a la deducción de una determinada cantidad de puntos, lo cual puede afectar la vigencia y la validez del permiso de conducción.

Suspensión del permiso de conducción: En casos graves de exceso de velocidad, especialmente cuando se pone en riesgo la seguridad vial, las autoridades pueden optar por imponer la suspensión del permiso de conducción durante un periodo determinado. Durante este lapso, el infractor no podrá conducir legalmente.

Responsabilidad penal: En situaciones extremas, como el exceso de velocidad temerario o con resultado de accidente grave, puede existir la posibilidad de enfrentar cargos penales. En estos casos, el infractor puede ser enjuiciado y, en caso de ser declarado culpable, afrontar penas de prisión, trabajos comunitarios o medidas alternativas establecidas por la ley.

Es importante destacar que las penas exactas y su aplicación dependen de diversos factores, como la legislación específica de cada comunidad autónoma o las circunstancias particulares de cada caso. Para ello, es fundamental contar con el asesoramiento de profesionales en derecho penal, quienes podrán ofrecer una evaluación precisa de las posibles penas en cada situación concreta y proporcionar la mejor defensa legal posible de manera personalizada para cada cliente.

La Defensa Legal en Casos de Exceso de Velocidad

Cuando un sujeto se enfrenta a acusaciones de exceso de velocidad, resulta de suma importancia contar con una sólida y eficiente defensa legal. Los profesionales en derecho penal se especializan en la salvaguarda de los derechos de sus clientes, llevando a cabo un análisis minucioso de las pruebas presentadas, poniendo en entredicho su validez y presentando argumentos jurídicos contundentes para su defensa.

El delito de exceso de velocidad constituye una problemática seria en España, tanto desde la perspectiva de la seguridad vial como en términos legales. Frente a acusaciones de esta naturaleza, contar con profesionales en derecho penal altamente cualificados y comprometidos con la protección de los derechos de sus clientes resulta imprescindible. La elección de un representante legal competente asegurará una defensa efectiva y la búsqueda de la mejor resolución posible en cada caso.

Si te encuentras en una situación legal relacionada con el exceso de velocidad, no dudes en contactar con nuestros profesionales en derecho penal. Estamos aquí para brindarte el apoyo legal que necesitas y defender tus derechos en este complejo campo del derecho penal.