Luxemburgo, 5 abr (EFE).- El abogado general de la Unión Europea dará el 14 de julio su opinión sobre si Bélgica puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo para emitir las euroórdenes contra los líderes del procés y si la justicia de ese país argumentó correctamente que en España se violan los derechos fundamentales.

Así lo aseguró el propio abogado general, Jean Richard de la Tour, al término de la vista que se celebró hoy en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que enfrenta al magistrado Pablo Llarena contra la justicia belga y en la que la Comisión Europea se situó al lado de España.

"Es ilógico y absurdo que el país de ejecución controle la aplicación procesal de las normas de competencia del país emisor", argumentó el fiscal Fidel Ángel Cadena Serrano durante su intervención, que abrió la vista en la sede del TJUE en Luxemburgo.

La Gran Sala del TJUE, compuesta por 15 jueces, analiza hoy las preguntas que le planteó el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena después de que el Tribunal de Apelación de Bruselas rechazara entregar el año pasado al exconsejero catalán Lluis Puig, por entender que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien debe asumir la causa del 1-0.

La justicia belga descartó también la extradición al considerar que España puede violar los derechos fundamentales de Puig, especialmente la presunción de inocencia, en base al informe que publicó en 2019 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.

Un argumento, este último, que también rechazó Cadena Serrano, al explicar que "la mera existencia del informe no constituye un dato objetivo".

"Cuando el Tribunal Constitucional ha destacado respecto" a los 9 políticos condenados en 2017 "que ninguna vulneración de derechos fundamentales ha existido (...) evidentemente se desmantelan por completo los argumentos de ese grupo de trabajo", aseguró el fiscal.

En la misma línea se expresó la vicesecretaria nacional jurídica de VOX, Marta Castro, para quien el informe del Grupo de Trabajo de la ONU muestra solo "opiniones y no dictámenes", por lo que "no son objetivos".

Esgrimió además que el documento hace referencia a los derechos del expresidente de Esquerra Republicana Oriol Junqueras; el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez y el exlíder de Ómnium Cultural Jordi Cuixart, pero no menciona a Puig.

La Comisión Europea ha apoyado este martes la posición de España contra los motivos para rechazar la euroorden, incidiendo en que el país no registra problemas sistémicos, por lo que considera que no cabe alegar una posible vulneración de derechos para no entregar al exconseller Lluis Puig, en un caso que afecta también al futuro judicial del expresident y eurodiputado Carles Puigdemont.

A la vista acudieron también los abogados de Puig y el expresidente catalán Carles Puigdemont, así como representantes de Bélgica, Polonia y Rumanía, estos dos últimos posicionados al lado de España, que no han intervenido aún.

Llarena planteó una serie de preguntas al TJUE después de que el Tribunal de Apelación de Bruselas denegara el año pasado la extradición del exconsejero catalán Lluis Puig, por considerar que debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que asuma la causa del 1-0 y, por tanto, el TS no puede emitir las euroórdenes.

Descartó también la extradición al entender que España podría violar los derechos fundamentales de Puig, especialmente la presunción de inocencia, en base al informe que publicó en 2019 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. 

La sentencia del TJUE, que no emitirá hoy, tendrá un impacto directo sobre el futuro judicial de Puigdemont, cuya euroorden analizan los mismos jueces que estudiaron el caso de Puig.