Bruselas, 13 jul (EFE).- La petición a las autoridades de los países de la UE de aplicar controles frente al uso de programas espías como Pegasus y una nueva invitación a España para que renueve y reforme el Consejo General del Poder Judicial figuran entre los mensajes del último informe anual sobre el Estado de Derecho en la Unión, publicado hoy.

La evaluación del Estado de Derecho, la tercera llevada a cabo desde que se puso en marcha este nuevo mecanismo en 2020, es un "ejercicio preventivo" que pretende ayudar a los países en sus reformas, indicó hoy en rueda de prensa la vicepresidenta de la Comisión de Valores y Transparencia, Vera Jourová.

Entre las novedades, el informe incluye por primera vez recomendaciones por país.

Jourová se refirió al complejo momento geopolítico durante el que se ha elaborado esta última evaluación, en el contexto de la guerra en Ucrania, que "es también un ataque contra la dirección democrática tomada por ese país en los últimos años".

"Pero solo podemos ser creíbles cuando tengamos la casa en orden. Esto significa que tenemos que abordar nuestros propios retos y evitar que los problemas crezcan", señaló la comisaria.

Por su parte, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, indicó que el informe está en "constante evolución" y que ha permitido un "verdadero impulso" en los temas que aborda.

"El objetivo es impedir la aparición o que se agraven los problemas relacionados con el Estado de Derecho. Esto está dando fruto, vemos muchas reformas nacionales, como la creación del Consejo de la Judicatura o la digitalización del sistema judicial", dijo Reynders.

El documento analiza en particular los cuatro apartados ya detallados en los informes anteriores: los sistemas de justicia, el marco de lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y otras cuestiones institucionales sobre controles y equilibrios.

Aunque constata que muchos Estados han seguido realizando reformas para hacer frente a retos identificados, reconoce que en algunos persisten problemas sistémicos.

El informe de este año hace referencia a los programas de espionaje como Pegasus, y en particular subraya la necesidad de que las autoridades de seguridad nacionales apliquen controles para asegurar el respeto de la legislación europea y los derechos fundamentales.

Sobre Pegasus, recuerda que sus objetivos incluían a periodistas, abogados, políticos nacionales y eurodiputados, y se centra en España, Francia, Hungría y Polonia.

Este último es el único de los cuatro países donde se produjeron denuncias en el que la fiscalía no ha iniciado ninguna investigación.

Por otro lado, entre las recomendaciones por países hay seis dirigidas a España, empezando por un nuevo llamamiento para que proceda a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a emprender una reforma para reforzar su independencia.

En particular, pide "proceder a la renovación del Consejo del Poder Judicial con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adecuar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos".

También recomienda "reforzar el estatuto del Fiscal General, en particular en lo que se refiere a la separación del mandato del Fiscal General del Gobierno, teniendo en cuenta los estándares europeos sobre independencia y autonomía del Ministerio Fiscal".

Otra sugerencia es la de "continuar los esfuerzos para presentar legislación sobre cabildeo, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio de cabilderos".

También pide a las autoridades españolas "abordar los desafíos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos para aumentar la eficiencia en el manejo de casos de corrupción de alto nivel".

Asimismo, anima a "garantizar recursos adecuados para que la autoridad nacional reguladora de los medios audiovisuales fortalezca sus operaciones, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia de los reguladores de los medios, en particular en lo que respecta a la adecuación de los recursos".

Por último, recomienda "seguir trabajando para fortalecer el acceso a la información, en particular a través de la revisión de la Ley de Secretos Oficiales".

En cuanto a otros países, la Comisión Europea insistió de nuevo hoy en recomendar a Polonia y a Hungría que refuercen la independencia de sus órganos judiciales para "contrarrestar" la posible influencia de los elementos del poder judicial cuyo nombramiento depende del Gobierno o el Parlamento.

Si bien es una recomendación que se repite a varios Estados miembros, incluida España, Polonia y Hungría son los únicos que tienen abierto un expediente por la gravedad de las violaciones de los valores básicos europeos, entre los que se incluyen infracciones de la independencia judicial.