Bruselas, 14 dic (EFECOM).- El Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo (PE) llegaron este jueves a un acuerdo político para obligar a las grandes empresas que operan en la UE a vigilar y mitigar el impacto negativo de sus actividades sobre el medio ambiente o los derechos humanos, incluso con multas si no cumplen.

La nueva normativa, que tiene que ser ratificada formalmente por los dos colegisladores, "pretende mejorar la protección del medio ambiente y los derechos humanos en la UE y en el mundo", destacó la presidencia española del Consejo de la Unión en su cuenta oficial en X (exTwitter).

La Directiva de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa (CSDDD, en inglés) establece obligaciones para las grandes empresas respecto de los impactos adversos reales y potenciales sobre los derechos humanos y el medio ambiente, con respecto a sus propias operaciones, las de sus filiales y las realizadas por sus socios comerciales, incluida la distribución o el reciclaje.

Establece además normas sobre sanciones y responsabilidad civil por el incumplimiento de esas obligaciones, y requiere que las empresas adopten un plan que garantice que su modelo de negocio y su estrategia sean compatibles con el acuerdo de París sobre el cambio climático.

La directiva se aplicará a las empresas que tengan más de 500 empleados y una facturación mundial neta de 150 millones de euros.

Para las empresas extracomunitarias se aplicará si tienen una facturación neta de 300 millones de euros generada en la UE, tres años después de la entrada en vigor de la directiva.

La Comisión tendrá que publicar una lista de empresas de fuera de la UE que entran dentro del ámbito de aplicación de la directiva.

Según el acuerdo alcanzado hoy, el sector financiero quedará temporalmente excluido, pero habrá una cláusula de revisión para una posible inclusión futura.

Para las empresas que no pagan las multas que se les impongan en caso de infracción, se incluyen varias medidas cautelares y se tiene en cuenta el volumen de negocios de la empresa para imponer sanciones pecuniarias (es decir, un mínimo máximo del 5% del volumen de negocios neto de la empresa).

Y las empresas estarán obligadas a llevar a cabo un compromiso significativo, incluido un diálogo y consulta con las partes interesadas afectadas.

"Estoy orgulloso de este logro. Esta legislación innovadora establecerá estándares globales para cadenas de valor más sostenibles para las grandes empresas", dijo en X, por su parte, el comisario de Justicia, Didier Reynders, que presentó la propuesta del Ejecutivo comunitario en febrero de 2022.

En materia de medio ambiente, las grandes empresas deben adoptar y poner en práctica un plan de transición para la mitigación del cambio climático.

El acuerdo establece que el cumplimiento del CSDDD podría calificarse como criterio para la adjudicación de contratos y concesiones públicas.