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  • La especialista en Derecho del Trabajo y colaboradora de la Universitat Abat Oliba CEU, Pepa Burriel, apela a la necesidad de regular el mundo del trabajo de una manera coherente con el siglo XXI ante la “obsolescencia de nuestras instituciones laborales”
  • Precariedad, extendida presencia del trabajo informal y deficiente regulación de la digitalización, entre los principales asuntos pendientes de afrontar, según esta profesora
  • Si la nueva normalidad ha de incluir un aumento del teletrabajo, deben “corregirse” ciertas lagunas en la regulación, advierte

La emergencia sanitaria no sólo ha puesto contra las cuerdas a nuestro sistema de salud, sino que ha sometido a un gran estrés a todos los resortes de nuestra sociedad, lo que ha hecho aflorar fortalezas y debilidades. En el caso del mundo del trabajo, que mañana celebra su día grande (1 de mayo), la COVID-19 ha “hecho más visibles” los principales problemas que existen en nuestro país. Sin embargo, aunque ahora resulte más evidente, la necesidad de “regular el mundo del trabajo de forma coherente con el siglo XXI” no surge con la crisis del coronavirus sino como respuesta a “la obsolescencia de nuestras instituciones laborales”.

Así lo considera la especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y colaboradora de la Universitat Abat Oliba CEU, Pepa Burriel. Para esta laboralista, los principales retos pendientes del mundo del trabajo son los siguientes: la precariedad laboral, la informalidad laboral, la digitalización y el teletrabajo.

En el ámbito de la digitalización y el teletrabajo, la crisis del coronavirus ha evidenciado “el largo camino que nos queda por recorrer”. En este sentido, Burriel invoca palabras de la Organización Internacional del Trabajo para reclamar una “transición justa para la digitalización en el mundo del trabajo”. Además, señala que “tanto la normativa interna como la internacional dejan muchos vacíos”, por lo que los derechos de las personas teletrabajadoras quedan sin ser “suficientemente garantizados”.

Por este motivo, añade esta experta, si la nueva normalidad ha de incluir el recurso más generalizado al teletrabajo, se deben “corregir con urgencia” ciertas lagunas. En primer lugar, “la falta de supervisión de los entornos laborales, pues el derecho a una adecuada política sobre seguridad y salud en el trabajo no puede demorarse más”. En segundo término, “el control sobre el exceso de horas trabajadas y, probablemente, no remuneradas”. Esto último hay que ponerlo en conexión con la “afamada desconexión digital y la conciliación, porque, por ejemplo, la doble carga de la mujer teletrabajadora se incrementa”, advierte Burriel.

Precariedad

Para detectar la precariedad no hacía falta la llegada del coronavirus. Como recuerda esta doctora en Derecho, la contratación temporal en España sigue situándose por encima de la media de la UE (26% frente al 13%, aproximadamente). Es cierto que “se ha apreciado una reducción y se ha intensificado la lucha contra las irregularidades en esa contratación”, pero también lo es que “el Informe de la Comisión Europea sobre España (2020, 508, final) ponía de manifiesto que estos esfuerzos estaban teniendo un éxito limitado, al no tratar las causas profundas de la generalización de estos contratos”.

La “desigualdad y la pobreza laboral” son, junto a la ralentización de la productividad laboral, las consecuencias directas de la referida precariedad. En este punto, Burriel señala que los trabajadores temporales “presentan una tasa de pobreza laboral significativa (21,3% en 2018, 14 puntos porcentuales más que los trabajadores fijos)”. Estas cifras reflejan una de las “mayores brechas de la UE”.

Informalidad

La informalidad laboral, con un peso importante en nuestro mercado laboral (entre 2 y 3 millones de personas) y en nuestro PIB (250.000 millones €, según los datos emitidos en abril por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), completa la terna de prioridades que señala Burriel. La informalidad es, en sí misma, otra “epidemia del mundo del trabajo” y, en el siglo XXI, “implica una segmentación más del mundo del trabajo”.

La informalidad, expone Burriel, “afecta a un amplio colectivo de personas, y todas ellas poseen, como característica común, su elevada vulnerabilidad. Tienen trabajo, pero no tienen empleo formal, por lo que se encuentran fuera de cualquier sistema de protección social regular”. En situación de informalidad laboral se encuentran, por ejemplo, las personas que recurren a ella por necesidad o por desarrollar alguna actividad irregular y las que, simplemente, se encuentran encuadradas en un régimen que no les corresponde, como es el caso de los riders.

Respecto a la informalidad cabe, además, una preocupación adicional en el contexto de la pandemia. Y es que, a juicio de Burriel, “el sector informal puede incrementarse exponencialmente” como resultado de la crisis económica y la consiguiente disminución de horas de trabajo.

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