Las múltiples opciones políticas que presenta el nuevo panorama electoral ofrece al ciudadano planteamientos muy diversos, así como propuestas electorales muy variadas. Hoy, los diferentes partidos políticos concurren a las elecciones generales con programas muy distintos entre sí, con los que pretenden ofrecer las mejores soluciones para el futuro de España, cada uno desde su ideología y convicciones. Entre sus medidas, encontramos propuestas de reforma en materia de Administración de Justicia que merecen ser analizadas, pues ofrecen una fotografía de la situación de la Justicia española en la actualidad.

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Juicios mediáticos y su impacto en la Justicia

 A pesar de no ser costumbre en los partidos coincidir en el análisis y, menos probable aún que lo hagan en la solución, se han identificado en los programas electorales puntos de encuentro en materia de Justicia. La razón de este enfoque común proviene de una opinión generalizada por parte de la sociedad civil sobre el uso, tratamiento, acceso y déficits de la Justicia española.

El impacto mediático de juicios como el caso “Bankia”, “los ERE”, el cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto hipotecario, el Juicio del “procés” o el juicio de “la manada”, de marcada sensibilidad social, han elevado el interés general en la Justicia y, en muchos casos, han aumentado la preocupación de la ciudadanía, con el correspondiente posicionamiento de los partidos políticos.

Si atendemos a los datos, según el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre Opinión pública y política fiscal XXXV de julio de 2018, el 76 % de los ciudadanos encuestados opina que la Administración de Justica funciona poco o nada satisfactoriamente. Resulta revelador que, si comparamos los principales problemas de España para los ciudadanos en mayo de 2018 frente a enero de 2019[i] , en mayo la Administración de Justicia era uno de los principales problemas para el 6,8 %, frente al 2,6 % de enero. Y es que fue precisamente en abril de 2018 cuando la Audiencia Provincial de Navarra condenó a los integrantes de “la manada” a nueve años de prisión por abuso sexual.

La Administración de la Justicia ha sido tradicionalmente objeto de reforma en los programas electorales de los partidos. En propuestas anteriores, se puede observar una tendencia general hacia la reforma de las instancias más ordinarias y hacia aquellos aspectos procesales relativos al servicio común de la Justicia, como la simplificación y agilización de los procedimientos en general. Sin embargo, en estas elecciones generales, los partidos políticos han centrado sus propuestas, con mayor intensidad que en anteriores ocasiones, en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales superiores.

Así, el Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional son objeto de reforma en las propuestas electorales, en mayor medida que en anteriores convocatorias electorales. Entre las razones que explican esta tendencia están el aumento en la vinculación de la Justicia con el poder político (para más información, ver: “El bipartidismo más débil se reparte los sillones del Poder Judicial”), el desgaste institucional de sus órganos de dirección (para más información, ver: “Jueces para la Democracia pide la dimisión de Lesmes y de Díez-Picazo tras el nuevo giro sobre el impuesto hipotecario”) o la mayor cobertura mediática de los procesos judiciales que competen a estos tribunales (para más información, ver: 1) procés catalán, 2) impuesto hipotecario o 3) caso “Villarejo”).

En consecuencia, los actuales programas difieren de sus anteriores ediciones en varios aspectos.

Análisis de las propuestas en materia de Justicia de los programas electorales

Antes de entrar a valorar las propuestas sobre Justicia, a simple vista se puede apreciar un cambio sobre la extensión y contenido de los programas en general. En esta ocasión, las formaciones políticas han optado por programas más escuetos, directos y menos precisos que en convocatorias pasadas. Incluyen medidas breves que se limitan a ideas o conceptos generales que no se desarrollan en ningún punto a lo largo del programa. En la era de Twitter, las fake news, la infoxicación y el auge de los populismos, la comunicación política requiere un formato más directo y conciso, al que se adaptan las estrategias políticas, donde en general predominan la inmediatez y el titular sobre el contenido.

En cuanto a las reformas sobre la Administración de la Justicia, la diferencia más destacada y visual es el cambio en el orden en que se proponen las medidas. Las reformas encaminadas al acceso a la judicatura, la independencia de los órganos jurisdiccionales superiores y la reforma del Ministerio Fiscal se superponen sobre las reformas orientadas a la optimización de la Justicia (reformas sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, nuevos modelos de sede judicial o propuestas de impulso sobre instrumentos de mediación).

Esto no significa que aquellas propuestas orientadas a agilizar y mejorar los procesos judiciales se hayan reducido, pues siguen estando presentes. Sin embargo, es cierto que las medidas relativas a la independencia y autonomía de las instituciones judiciales ganan protagonismo.

Todos los partidos analizados (a excepción de Vox) plantean modificar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, con el objetivo de lograr mayor independencia de estos sobre la política, aunque difieren en cómo deberían ser elegidos.

Como medidas transversales en todos los programas encontramos aquellas dirigidas al cuerpo funcionarial de la Administración de Justicia, como son la ampliación del cuerpo de jueces y fiscales, la mayor dotación de sus equipos o el acceso a la carrera. El objetivo de estas propuestas es incrementar el presupuesto de la Administración y renovar los criterios de acceso al cuerpo funcionarial.

Conclusión

Las reformas en materia de la Administración de Justicia no ocupan grandes espacios en los programas.

Las reformas que afectan a los procesos judiciales o a la estructura de los órganos jurisdiccionales en general buscan incorporar instrumentos que hagan más eficiente el servicio de la Justicia española y a ratificar el compromiso de los partidos en reforzar la independencia del Poder Judicial en nuestra democracia.

Si bien es cierto que los partidos en general convergen en las propuestas en materia de reforma de la Administración, también proponen otras muchas medidas en materia de Justicia que denotan un mayor sesgo ideológico. Ejemplo de ello son las propuestas en materia de género (Podemos), la reforma del sistema de jurisdicción universal (PSOE), la prisión permanente revisable (PP) o los supuestos de gestación subrogada (Ciudadanos).

En definitiva, a pesar de que la calidad de los órganos judiciales no se ha visto cuestionada, el análisis de los programas electorales demuestra que sí existe cierto consenso sobre la necesidad de dotarlos de mayor independencia y recursos.

Para la elaboración de este análisis se han tenido en cuenta exclusivamente aquellos partidos que ostentan una intención de voto superior al 10%, según el último Macrobarómetro de marzo de 2019 del CIS. La elección de este criterio radica en la intención de mostrar la imagen más representativa de las propuestas en Justicia.

Propuestas electorales en materia de Justicia de los principales partidos

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

• Reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de suprimir el sistema presidencialista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) otorgando dedicación exclusiva a sus vocales.
• Reforma relativa a reglas discrecionales de nombramiento de cargos judiciales.
• Justicia de calidad, organizada desde el prisma de la eficiencia y eficacia, dotándola de medios materiales y personales a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
• Mecanismos de transparencia que eviten sospechas de politización.
• Introducción de la perspectiva de género en el funcionamiento de la Justicia.
• Plan de modernización de la Justicia y de agilización de los expedientes judiciales.
• Aprobación de una ley de impulso a la mediación.
• Reforma del sistema de acceso a la judicatura.
• Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal.

* Pulse aquí para acceder al Programa completo del PSOE.

Partido Popular (PP)

• Fortalecimiento del poder judicial reformando la Ley Orgánica del Poder Judicial, la elección de los 12 vocales del consejo será por votación de jueces y magistrados.
• Ampliación del cuerpo de jueces y fiscales, así como el de los letrados de la Administración de la Justicia.
• Tratamiento singularizado de garantías y seguridad de Jueces en Cataluña.
• Preservar la independencia de jueces y fiscales reforzando las incompatibilidades establecidas entre policía y judicatura.
• Inversión en nuevas sedes judiciales para mejorar los juzgados y proposición de sede electrónica permanente.
• Sistemas de seguimiento de procesos judiciales para que las partes del proceso conozcan el estado procesal de cada trámite.
• Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal basada en los principios de agilidad, simplificación y garantía.

* Pulse aquí para acceder al Programa completo del PP.

Ciudadanos (Cs)

• Reforma del Tribunal Constitucional para reforzar su capacidad de actuación a la hora de asegurar el respeto a la Constitución.
• Reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para asegurar la independencia judicial. La elección será realizada por jueces y magistrados.
• Reforma del Ministerio Fiscal para asegurar la no interferencia del poder político mediante la elección del Fiscal General del Estado por mayoría cualificada del congreso.
• Incremento de los recursos de la Administración de Justicia para asegurar la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos mediante la digitalización y la distribución efectiva de las cargas de trabajo.
• Supresión de los aforamientos políticos.

* Pulse aquí para acceder al Programa completo de Cs.

Unidas Podemos (Podemos)

• Despolitización del Tribunal Constitucional (TC) mediante el reforzamiento de los principios de mérito y capacidad que rigen el acceso a la magistratura, a la vez se propone derogar la reforma de Ley Orgánica del TC que le otorgaba funciones ejecutivas ante autoridades públicas.
• Reforma del CGPJ mediante elección ciudadana directa que reforme el sistema parlamentario de nombramiento de las vocalías y control del principio de paridad de género.
• Supresión de los aforamientos para descargar la labor del Tribunal Supremo.
• Reforma de pruebas de acceso a la carrera judicial mediante carrera única judicial y fiscal basado en modelos europeos.
• Ampliación de recursos, formación y especialización de los profesionales de Justicia, especialmente en perspectiva de género.

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Vox

• Reforma del poder judicial para una independencia real del poder político.
• Eliminación del Jurado.

* Pulse aquí para acceder al Programa completo de Vox.