Lo cierto, a mi humilde entender, es que nuestros representantes políticos o digamos más concretamente los diseñadores de los programas electorales se acuerdan de santa bárbara cuando truena. Y nótese que lo pongo en minúsculas. Estamos asistiendo en los últimos días a adhesiones por la vía de extrema urgencia de partidos políticos de toda índole a cuestiones sin solventar en materia de discapacidad y dependencia. Para muestra un botón. Veamos algún ejemplo. En el polémico asunto del derecho al voto de la joven gallega con discapacidad intelectual del que ya escribí unos cuantos artículos de opinión, resulta que se han hecho eco de tal noticia varios partidos políticos se que han sumado a la causa de defender a la chiquilla en la lucha por el ejercicio de sus derechos.

En definitiva, se han sumado a una cuestión jurídica todavía sin respuesta interesando el hipotético voto fácil del ciudadano que ve con buenos ojos que una chica con discapacidad intelectual pueda ejercer el sufragio activo, o sea, en román paladino, que pueda ejercer sus derechos personalísimos con total libertad, sin discriminación y en igualdad como dictan los cánones de nuestra Carta Magna.

Una se hace a la idea de que manejan datos que en su cribaje les hacen pensar que debe ser eficaz, electoralmente hablando y en número de votos repercutidos en el sumatorio final, que recurrir a este tipo de adhesiones unas semanas antes de una contienda electoral, les favorecerá numéricamente. Duda existencial. Estamos en España y la memoria siempre nos traiciona porque solemos olvidar lo realmente importante con demasiada frecuencia, es nuestra idiosincrasia, nuestra marca.

80.000 personas en esta situación

Volviendo al asunto aludido de la desestimación por el Tribunal Supremo de la recuperación del derecho al voto suprimido por Sentencia a la chica con discapacidad intelectual, recordar que hay aproximadamente 80.000 personas en España en esa situación. Nadie se acuerda de esto hasta que empiezan a diseñar los programas que hemos de votar los que no tenemos el derecho al voto suprimido y estamos en perfectas facultades mentales. Segunda gran duda existencial.

De repente, leemos en prensa que han denunciado varios partidos políticos que esas 80.000 personas tienen el derecho al voto suprimido. Dato que es público, que se conoce, que no se esconde y que es de largo recorrido para los que nos dedicamos a estas lides pero que parece que los políticos sólo reparan en el mismo cuando hay elecciones y puede proporcionar algunos votos.

En estos días a todas las tendencias, sorpresivamente, no les parece correcto que una persona, aún con discapacidad intelectual, no pueda votar pero durante el período que se gobierna no se hace nada para reparar lo que muchos entendemos como un error jurídico y judicial.

Adecuar la legislación

No es de recibo. Las personas con discapacidad se merecen más respeto. Son el 10% de la población española. Se pasan cuatro años recortando partidas presupuestarias para dependencia, limitando derechos a las personas con discapacidad, poniendo infinidad de trabas para no proporcionar apoyos y que puedan ejercer sus derechos en igualdad y sin discriminación….

Es sólo un toque, una llamada de atención para que empiecen a repensar seriamente sus planteamientos. Al pueblo no le gusta que se relegue un tema tan serio reduciéndolo a recoger un puñado de votos en unas elecciones. Es fácil. Muy fácil. Facilísimo. Sólo deben adecuar la arcaica legislación obsoleta existente al Tratado Internacional aprobado, ratificado por España y en vigor desde 03 de mayo del 2008.

Ninguno de esos adheridos de última hora alude a esta necesaria tarea pendiente que solucionaría casi todos los problemas con los que nos encontramos en esta materia. Déjense de especular en período electoral. Apoyen a este colectivo en toda su amplitud armonizando, de una vez por todas, las normas que nos regulan en materia de discapacidad y dependencia. El colectivo se lo merece. En sus manos está.