Puestas las vergüenzas al aire en el artículo "Certificados de discapacidad. Las vergüenzas al aire"  de fecha 08/02/2018 continúa  el escándalo.  No era suficiente el absoluto desprecio a los plazos en las valoraciones del grado de discapacidad (3 años o más de espera para valorar) o unos equipos psicosociales contratados de forma temporal constituidos al único efecto de adelantar listados (incompletos muchas veces por falta de algún profesional preceptivo por Ley) o unas aplicaciones del baremo Real Decreto 1971/1999   a la baja injustificadas (sobre todo en materia de movilidad), que ya salta el siguiente escándalo.

Desde el  Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia se pone en conocimiento de toda la ciudadanía que el recién estrenado formulario a cumplimentar para valorar el grado de discapacidad en la Comunidad Autónoma de Galicia adolece de defectos tales que  de un  simple vistazo nos hace temblar dado que es nulo de pleno derecho por permitir optar a renunciar al porcentaje de valoración en el tramo de factores sociales complementarios (hasta 15 puntos). Es más, viene marcado por defecto cuando se tramita  on line resultando que en muchas ocasiones la persona a valorar,  si es la que cumplimenta el formulario,  no detecta tal renuncia. No es necesario ser jurista para entender que esto contraviene la normativa, no la autonómica en materia de discapacidad, sino la estatal. Y, al parecer, tal aberración sólo se da en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Si nos colocamos en la vía judicial surgen otras situaciones incomprensibles: citaciones para vista en procedimientos sociales de revisión de grado que supera mucho más del año, el desprecio de la Administración demandada al administrado no aportando al procedimiento judicial el expediente administrativo en su haber ordenado una y otra vez desde el Juzgado, los informes de profesionales de los equipos fechados muchos meses después de haberse realizado el examen… todo un cúmulo de hechos que decepcionan al administrado y que quizás vulneren sus derechos o, al menos, incumplen la legislación dictada.

Es importante visibilizar ante la población todos los defectos, errores u horrores  que  puedan suponer o supongan una vulneración de derechos del ciudadano con el fin de que se puedan subsanar lo antes posible sin demora alguna y no provoquen situaciones de indefensión y por ende de perjuicio, más aún, cuando se trata de colectivos vulnerables a los que puede afectar. Desde aquí mi más sincera felicitación al Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia que han denunciado públicamente el error topado con fines de que se remedie cuanto antes. Tiene efectos muy  positivos que un colectivo de profesionales arrope  al perjudicado y no se alinee con el que provoca el  perjuicio. Entre todos podemos hacer que las cosas funcionen mejor en materia de discapacidad  y en nuestra ética interna debiera estar el intentarlo dada su implicación en el mundo jurídico de la protección de los más vulnerables.