• Se ha celebrado en Almería el I Encuentro Estatal de Abogados y Juristas sobre Derecho y Discapacidad durante los días 15 a 17 de junio de 2016.
• Entre los temas tratados destaca la situación de los reclusos con discapacidad en el entorno penitenciario. 

Nuestra colaboradora Ana María Castro Martínez, letrada conocedora e investigadora en dicho ámbito, ha participado en el evento dando cuenta de las carencias que tiene este colectivo. Aprovechamos la ocasión para conocer más de cerca la opinión de esta experna en materia de discapacidad.

¿En qué se materializa su contacto con el mundo penitenciario?

Visito reclusos con discapacidad en centros penitenciarios desde el año 2011, sobre todo, los que tienen discapacidad intelectual y enfermedad mental. La razón de comenzar esta tarea fue la elaboración de mi tesis doctoral en UNED que versa sobre el cumplimiento de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en centros penitenciarios. Pertenezco a la Comisión Penitenciaria del Colegio de Abogados de Pontevedra que atiende de forma voluntaria y gratuita a reclusos del centro penitenciario de A Lama. He elaborado un trabajo sobre el acceso a la justicia del artículo 13 de la CDPD en el entorno penitenciario. Colaboro con asociaciones que asisten a reclusos y ex_reclusos con discapacidad intelectual y enfermedad mental. Escribo para revistas jurídicas abordando materia penitenciaria. Participo y organizo Jornadas y Congresos.

¿Qué se ha puesto sobre la mesa en relación a los reclusos con discapacidad?

Se ha tratado de exponer, aunque sin ánimo exhaustivo, los problemas con los que se encuentran los reclusos que tienen algún tipo de discapacidad. Se ha destacado la contención de la Administración Penitenciaria en relación a la dispensación de ciertos fármacos como los utilizados para la hepatitis C documentándolo a través de resoluciones dictadas al respecto; falta de claridad de la Administración en la asunción de tratamientos médicos en igualdad de condiciones que el resto de la población; los contagios por VIH y otras dolencias dentro del centro penitenciario; la falta de facultativos especializados y recursos en general en el área de Salud Mental; nulos apoyos en materia de comunicación para los reclusos con enfermedad mental o con discapacidad intelectual en relación a su procedimiento judicial incumpliendo el acceso a la justicia del artículo 13 de la CDPD; las salidas de prisión cuando es recluso con discapacidad donde la mayoría no tienen medios para subsistir dado que provienen de las capas más desfavorecidas de la sociedad ni persona o entidad que se pueda hacer cargo de ellos pudiendo controlar su medicación y continuar el seguimiento de sus dolencias; los continuos cambios de centros penitenciarios que perjudica en cuanto a las citas externas y la obtención del historial médico completo; el desconocimiento del personal penitenciario del concepto de persona con discapacidad y sus derechos; el incumplimiento de porcentajes mínimos obligatorios en materia de empleo dentro del centro penitenciario; la desatención en el manejo de la conflictividad y rechazo del entorno en relación con otros reclusos, los aislamientos tan negativos para reclusos con discapacidad intelectual o enfermedad mental…

¿Cree que es importante ventilar la problemática de los reclusos con discapacidad?

Por supuesto que sí dado que la sociedad e incluso los operadores jurídicos desconoce los problemas concretos que tienen estos reclusos.

¿En qué legislación se apoyan?

Legislación es lo que tenemos de sobra. Desde la propia Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad hasta la legislación penitenciaria pasando por las normas internacionales de tratamiento de reclusos. No es un problema de legislación. Lo que nos encontramos es un problema de aplicación de la normativa existente, sobre todo, en la fase de ejecución. Para solventarlo es necesario que los poderes públicos tomen conciencia e interés en esta materia.

¿Los poderes públicos están concienciados en la búsqueda de soluciones para paliar los problemas que han denunciado?

Los poderes públicos han tomado conciencia en los últimos años sobre este colectivo. Han modificado algunos protocolos, implantado otros de mejora de las condiciones de reclusos con algunas dolencias como VIH, hepatitis C, tuberculosis, enfermedades mentales, patologías varias mezcladas con drogodependencias…Pero no es suficiente. Desde aquí hago un llamamiento con la intención de que se mejoren estos protocolos, se implanten nuevas acciones en beneficio de estos reclusos que son los grandes olvidados de la sociedad así como la aportación de mayores dotaciones presupuestarias para adecuar los centros penitenciarios donde cumplen condena a las condiciones personales de estos reclusos dado que es el entorno el que tiene que adaptarse a la persona con discapacidad y no la persona con discapacidad al entorno, sin olvidar la necesaria formación del personal en materia de discapacidad. Es importante también la adaptación de la normativa penitenciaria a la Convención de Derechos de las personas con Discapacidad así como el cumplimiento de las Directivas europeas ya dictadas en esta materia.