Madrid, 5 jun (EFE).- La comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo (PE) votará entre el 26 y el 27 de junio su posición para negociar la nueva directiva comunitaria de violencia machista, así como la tipificación de ciertos "eurodelitos" armonizada para todos los Estados miembros, explicaron este lunes en Madrid tres eurodiputadas españolas.

La normativa busca establecer definiciones comunes y penas alineadas en todos los Estados miembros en lo que concierne a los delitos de violación, la mutilación genital femenina y algunas formas relacionadas con la ciberviolencia, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el ciberacoso y la incitación a la violencia y al odio por medios cibernéticos.

Tres eurodiputadas españolas presentaron las claves de la propuesta parlamentaria para la directiva en la oficina de la Eurocámara en la capital española: Rosa Estarás (PP), Lina Gálvez (PSOE) y Margarita de la Pisa (VOX), las tres parte de la comisión de Derechos de la Mujer de la Eurocámara.

Una vez esta comisión fije su posición negociadora, que recoge lo acordado en el Convenio de Estambul que recientemente ha ratificado la UE en su conjunto, comenzarán las negociaciones con el Consejo de la UE (los países) conocidas como trílogos, en las que también está presente la Comisión Europea y la Eurocámara.

Las eurodiputadas del PSOE y el PP aseguraron que la posición negociadora ha tenido un respaldo “rotundo” por parte del Parlamento Europeo, aunque reconocieron que el texto final sufrirá modificaciones tras pasar por la negociación con los países.

"Cuando vaya a trílogo y haya que discutirla con el Consejo creo que desgraciadamente va a ‘descafeinarse’. Aún así, todo lo que podamos conseguir bienvenido sea porque lo necesitamos", dijo Gálvez.

Respecto a la tipificación de la negación al derecho al aborto como un delito en toda la UE, no figurará en la posición con la que la Eurocámara acudirá a negociar pese a que diputadas como Gálvez afirmaron que "la negación del aborto es una forma de violencia contra la mujer".

Estarás, por su parte, argumentó que incluir ese apartado reduciría el consenso general, ya que “la objeción de conciencia es un derecho humano”.

Lo mismo sucedió con temas relacionados a la prostitución, el proxenetismo y los vientres de alquiler. Estarás hizo hincapié en la necesidad de establecer una base jurídica a todas las propuestas. “Otros grupos han intentado meter prostitución, vientres de alquiler o aborto pero eso no tiene base jurídica y evitaría los consensos”.

A pesar de sus discrepancias, ambas eurodiputadas coincidieron en que quieren que la normativa se apruebe y demostrar que la lucha contra la violencia de género es una prioridad para la Unión Europea.

No sucedió lo mismo con Margarita de la Pisa, quién afirmó que su formación política no está de acuerdo con la directiva, ya que “no ven base jurídica” y declaró que teme que el texto final termine estableciendo penas solo contra la ciberviolencia.