Naciones Unidas ha pedido a España que cese la práctica de entregar sobre la marcha a Marruecos a los inmigrantes interceptados en el salto de las vallas de Ceuta y Melilla, una práctica conocida como ‘devoluciones en caliente’ que encontró acomodo normativo en la Ley de Seguridad Ciudadana mediante la figura jurídica de nueva creación llamada ‘rechazo en frontera’.

En esta ocasión es el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU quien, tras girar una visita a España entre el 15 y el 26 de octubre, ha instado al Estado “a no realizar devoluciones sumarias conocidas como ‘devoluciones en caliente’ sin una evaluación previa e individualizada sobre el riesgo de tortura al retornar a su país de origen”.

“Esto facilitará el procedimiento de asilo y de protección internacional”, añadió el jefe de la delegación trasladada a España, Felipe Villavicencio, en esta primera visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura.

Según informa en un comunicado adelantado por el diario El Mundo, tras la visita se girará un informe confidencial al Gobierno de España incluyendo sus observaciones y recomendaciones en relación a la prevención de la tortura y los malos tratos de personas privadas de libertad. No obstante, este organismo insta al Estado a hacerlo público por razones de transparencia.

Ya el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió a España explicaciones por las entregas sumarias de inmigrantes a pie de valla cuando examinó al Estado en esta materia en 2015. En aquel momento, previo a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que incorporaría el rechazo en frontera, España argumentó que se trataba de “denegaciones de entrada” que estaban “en consonancia con las obligaciones de España en materia de protección internacional y el principio de no devolución”.

También la representación en España del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha venido pidiendo el fin de esta práctica y su reemplazo por un sistema de cribado que permita distinguir a refugiados de migrantes económicos antes de tomar una decisión sobre su devolución a Marruecos.

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y el propio Tribunal de Estrasburgo en un reciente pronunciamiento se han posicionado también en contra de la entrega automática de los migrantes interceptados en el salto de las vallas de Ceuta y Melilla.

No es la única recomendación que han elevado los expertos del Subcomité de Prevención de la Tortura tras la visita. El órgano de las Naciones Unidas para la prevención de la tortura ha instado a España a fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que encarna la figura del Defensor del Pueblo.

“Aunque reconocemos el trabajo del MNP, estamos preocupados por su poca visibilidad y por la falta de independencia funcional y financiera del MNP respecto de la Defensoría del Pueblo. Nos preocupa también el reducido número de funcionarios permanentes y la necesidad de incorporar otros especialistas para fortalecer su composición interdisciplinaria, entre otras observaciones”, señaló Villavicencio.

Durante su estancia en España, el SPT recorrió 30 lugares de privación de la libertad en las ciudades de Madrid, Valencia, Bilbao, San Sebastián, Melilla, Málaga, Algeciras y Cádiz-Jerez. Entre otros, visitó comisarías policiales y de la guardia civil, centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros, centro de internamiento para menores, celdas judiciales, el lugar de detención del aeropuerto de Barajas, un hospital psiquiátrico, así como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes en Melilla.

Los integrantes de la delegación llevaron a cabo entrevistas privadas e individuales con personas privadas de la libertad, funcionarios del sistema penitenciario y de la policía y personal médico, así como mantuvieron reuniones con representantes del Gobierno, con el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, el Fiscal de Extranjería, el Director del Instituto de Medicina Legal, el Director del Instituto de Medicina Legal de Órganos Judiciales Centrales, el Defensor del Pueblo y representantes de la sociedad civil, la Cruz Roja y el ACNUR.