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  • España es el país de Europa donde la demora en los pagos de los clientes está repercutiendo más negativamente en el crecimiento de las compañías.
  • En el último año, 9 de cada 10 pymes españolas se han visto en la obligación de aceptar plazos de pago más largos.
  • En concreto, las empresas españolas encuestadas reconocen que los impagos reducen las posibilidades de ampliar su oferta de servicios (64%), expandirse (63%) o aumentar su inversión en digitalización (60%). 

La crisis de la Covid-19 ha aumentado la presión sobre las organizaciones, que luchan por mantener un flujo de caja sostenible mientras sus ingresos disminuyen. Junto a la caída de la actividad y de la demanda, otra de las principales causas de este descenso de liquidez es el retraso en los plazos de pago de los clientes, que también está afectando gravemente a la estrategia de negocio de las entidades.

Tal y como muestra el Informe Europeo de Pagos de Intrum, compañía líder en gestión y prevención de impagos, 6 de cada 10 empresas españolas (62%) reconocen que este aumento de la morosidad está impactando directamente en su capacidad de crecimiento.

De hecho, según se desprende de este análisis, realizado a partir de 10.000 encuestas a entidades europeas de todos los tamaños, España es el país comunitario donde los impagos están repercutiendo más negativamente en el desarrollo de sus organizaciones.

Unos datos nada sorprendentes si tenemos en cuenta que el 90% de las pymes españolas se ha visto este último año en la obligación de aceptar plazos de pago más largos de lo que le gustaría, tanto de otras pequeñas y medianas empresas (58%) como de grandes corporaciones (56%). No obstante, el 23% de las entidades encuestadas también manifiesta haber recibido demandas en este sentido por parte de organizaciones del sector público.

En cuanto a las empresas de mayor tamaño, el 89% se ha visto en esta tesitura. En este caso, el 55% indica que provienen de grandes entidades, y el 53% de pymes. Por su parte, el 19% afirma haber aceptado aplazamientos de organizaciones públicas.

La ampliación de la oferta de servicios, la expansión geográfica y la digitalización, especialmente afectados por los impagos

En concreto, tal y como reconocen las compañías consultadas, la dificultad de sus clientes para cumplir con las obligaciones de pago está limitando las posibilidades de ampliar su cartera de productos y servicios (64%) y establecerse en otros mercados (63%).

En este sentido, España se sitúa entre los tres países europeos cuyas empresas están viendo más afectada su expansión geográfica como consecuencia de la demora en los pagos, al mismo nivel que Reino Unido (63%) y solo por debajo de Suiza (64%).

Junto a la reducción de posibilidades de establecerse en otros mercados o incrementar su oferta de productos, las compañías españolas afirman que el aplazamiento de pagos pendientes está influyendo, asimismo, en otro elemento clave para el crecimiento y supervivencia de cualquier empresa: la innovación.

El estudio realizado por Intrum refleja que el 60% de las organizaciones aumentaría su inversión en digitalización si recibiese los pagos a tiempo. Algo fundamental para adaptarse al contexto actual, donde el trabajo, las comunicaciones y las transacciones se realizan en gran parte a distancia, y en el que la transformación tecnológica y la presencia digital juegan un papel primordial.

Así, el impacto de la Covid-19 estaría generando un efecto dominó que no solo afecta a aquellas compañías que han visto reducida la demanda, también al resto de integrantes del entramado empresarial español, generando una importante pérdida de ingresos, la desaparición de un gran número de compañías y la dificultad de crecimiento de las ya existentes. 

Según las últimas estimaciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la caída de la facturación en el sector empresarial en 2020 se podría aproximar a los 287.000 millones de euros. Un descenso que ha originado el cierre de muchas organizaciones hasta el momento. Sin ir más lejos, en febrero de 2021, la cifra de entidades inscritas en la Seguridad Social ha vuelto a decaer, siendo un 3,6% inferior a un año antes.




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