La situación laboral en España ha estado marcada por diversos desafíos, entre ellos, los despidos y las resoluciones judiciales que determinan su legalidad. En 2023, el Ministerio de Trabajo y Economía Social reveló que aproximadamente el 75% de los despidos resueltos por sentencia judicial fueron declarados improcedentes o nulos. Este dato es revelador y plantea cuestiones sobre la adecuación de las prácticas de despido al marco normativo. El Informe Anual del Banco de España afirma lo siguiente:

"Estadística de Despidos y su Coste del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2023, aproximadamente un 75% de los despidos resueltos por sentencia judicial en España fueron declarados improcedentes o nulos22. Esta evidencia, junto con los menores requisitos para iniciar y ejecutar los despidos disciplinarios, parece estar detrás del hecho de que muchos despidos en España se canalicen por esta vía (Jimeno, Mora-Sanguinetti y Martínez-Matute, 2020). En este sentido, para favorecer la necesaria reasignación sectorial y ocupacional del empleo, podría resultar adecuado seguir avanzado en la definición de las causas objetivas de despido y en la reducción de la incertidumbre asociada a estos procesos. Esto sería particularmente relevante en el contexto de una posible determinación de las indemnizaciones por despido improcedente mediante costes disuasorios y reparativos (artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada), que propiciara que la cuantía de dichas indemnizaciones variase en función de la situación personal de cada trabajador, lo que aumentaría, previsiblemente, la conflictividad judicial por despidos y la incertidumbre y el coste de dichos procesos, con potenciales efectos negativos sobre el empleo."

El dato del Ministerio de Trabajo y Economía Social refleja una gran proporción de despidos que no se ajustan a la normativa laboral vigente o que carecen de justificación suficiente. Esto puede interpretarse como una señal de que las empresas no están gestionando adecuadamente los procesos de despido o que las leyes laborales requieren una revisión para ser más claras y efectivas.

Para facilitar la movilidad laboral entre sectores y ocupaciones, entiende el Banco de España que resulta esencial definir con claridad las causas objetivas de despido. Ello reduciría, según el informe, la incertidumbre y proporcionaría un marco más predecible para trabajadores y empleadores. Un sistema claro y objetivo de causas de despido facilitaría la adaptación a los cambios económicos y tecnológicos, promoviendo una economía más dinámica y resiliente.

El artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada plantea la posibilidad de establecer indemnizaciones por despido improcedente basadas en costes disuasorios y reparativos. Esta propuesta sugiere que las indemnizaciones podrían variar según la situación personal de cada trabajador, lo cual podría considerarse más justo. Sin embargo, esta medida también podría generar incertidumbre y conflictividad judicial, especialmente si no se define con claridad cómo se determinarían estas indemnizaciones.

Dicho lo anterior, la introducción de indemnizaciones variables podría incrementar la conflictividad judicial en torno a los despidos. Esto se traduciría en un aumento de los costes legales para empresas y trabajadores, lo cual podría desincentivar la contratación y tener un impacto negativo en el empleo. Es crucial encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la creación de un entorno laboral favorable para la inversión y el crecimiento económico.

La problemática de los despidos en España requiere una revisión integral de las leyes y prácticas actuales. Es esencial abordar la falta de claridad y rigor en los procesos de despido, así como promover la definición de causas objetivas y la movilidad laboral. No obstante, cualquier cambio debe ser cuidadosamente evaluado para evitar efectos no deseados, como un aumento de la conflictividad judicial o un impacto negativo en el empleo.

La problemática de los despidos en el ámbito laboral es una cuestión delicada que ha llevado a muchos países, incluida España, a buscar medidas que eviten o disminuyan estos despidos. Sin embargo, existe un dilema inherente a la implementación de estas medidas: el riesgo de perjudicar la contratación de trabajadores y fomentar las contrataciones irregulares al margen de la legislación laboral y de la Seguridad Social.

Ante la preocupación por la estabilidad laboral y el impacto social de los despidos, los gobiernos suelen considerar medidas que dificulten o encarezcan los despidos. Estas pueden incluir indemnizaciones por despido más altas, restricciones a los despidos colectivos o incentivos fiscales para mantener el empleo.

Aunque estas medidas pueden tener como objetivo proteger a los trabajadores, también pueden tener efectos contraproducentes. Por un lado, las empresas podrían ser más reacias a contratar nuevos empleados si perciben que será difícil despedirlos en el futuro. Esto puede frenar la creación de nuevos puestos de trabajo y limitar las oportunidades de empleo para quienes buscan trabajo.

Por otro lado, las empresas podrían optar por contratar trabajadores de manera irregular para evitar las cargas y costes asociados a los contratos regulares. Estas contrataciones fuera de la ley no solo privan a los trabajadores de sus derechos laborales y de protección social, sino que también generan una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con la legislación.

El fomento de contrataciones irregulares también tiene un impacto negativo en la Seguridad Social. Estas contrataciones no cotizan adecuadamente ni contribuyen al sistema de protección social, lo que puede debilitar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, desempleo y salud.

Es crucial encontrar un equilibrio entre proteger los derechos de los trabajadores y fomentar un entorno laboral que sea propicio para la contratación regular y el crecimiento económico. Las medidas que buscan evitar o disminuir los despidos deben ser cuidadosamente diseñadas y evaluadas para minimizar sus efectos secundarios no deseados.

Se deben considerar enfoques más holísticos que aborden las causas subyacentes de los despidos, como la formación laboral, la adaptabilidad de los trabajadores y las políticas activas de empleo. Al mismo tiempo, es fundamental fortalecer los mecanismos de cumplimiento y vigilancia para prevenir y sancionar las contrataciones irregulares.

En última instancia, la solución a la problemática de los despidos y la contratación irregular requiere de un enfoque integral que involucre a todos los actores relevantes: Gobiernos estatal y autonómicos, empresas, trabajadores y sociedad en general. Solo así se podrá construir un sistema laboral más justo, dinámico y sostenible para todos.

En definitiva, la situación de los despidos en España es un tema complejo que requiere una atención cuidadosa y una acción coordinada entre legisladores, empleadores y trabajadores. Es necesario encontrar un equilibrio entre proteger los derechos de los trabajadores y crear un entorno laboral que fomente la contratación y el crecimiento económico. Esta tarea no es fácil, pero es esencial para construir un futuro laboral más justo, dinámico y próspero para todos.