Madrid, 17 oct (EFE).- Los colegios de abogados de Madrid y de Barcelona han elaborado doce propuestas para adecuar la legislación a las necesidades actuales de la sociedad, como la posibilidad de poder desheredar a los hijos que maltraten psicológicamente a sus mayores o intervenir más eficazmente en los casos de ocupaciones de viviendas.

Sucesiones: La purga jurisprudencial del “maltrato psicológico” como causa de desheredación

 

Los decanos de ambas instituciones, José María Alonso y Jesús Sánchez, han presentado este martes en el Colegio de la Abogacía de Madrid la batería de propuestas para actualizar y adecuar la legislación a las demandas actuales de la sociedad en diversas materias de interés social y económico, como la ocupación ilegal o la adaptación de los contratos a circunstancias excepcionales, como las vividas por la pandemia o la erupción del volcán de La Palma.

Son iniciativas elaboradas a través de los institutos de investigación jurídica de ambos colegios (I+D ICAM e I+DRET) que ha detallado el presidente de ambos organismos, Javier Orduña, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y exmagistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Una de las doce propuestas es reformar parcialmente el Código Civil para incluir como causa de desheredación el maltrato psicológico al progenitor, algo que para el catedrático es de "justicia social" en una sociedad en el que este tipo de maltrato "está cada vez más presente".

Este cambio haría posible que los abogados y los notarios pudieran proteger a los mayores sin necesidad de acudir a las jurisprudencia.

Orduña ha abogado por elaborar un nuevo Código Civil, ya que el actual "no está en el contexto de la sociedad", y entre tanto llevar a cabo modificaciones como la citada o la reforma de la cláusula "rebus sic stantibus" ("mientras continúen así las cosas"), de modo que se pueda solicitar al juez la renegociación de un contrato si las circunstancias han cambiado de forma significativa e imprescindible.

Esta renegociación será provisional, mientras duren las circunstancias extraordinarias, como por ejemplo las consecuencias de una pandemia sanitaria o del estallido de un volcán.

Otras de las reformas propuestas se dirigen a atajar las ocupaciones ilegales de viviendas, un problema que se ha incrementado en los últimos tiempos, en muchos casos por mafias organizadas y con "permisividad de la norma actual".

Así, proponen cambiar el Código Penal para que el juez pueda adoptar medidas cautelares que garanticen un desalojo en menos de 48 horas, y modificar la Ley de Bases de Régimen Local para que los ayuntamientos tengan instrumentos para intervenir ante este delito y asegurar la seguridad y la convivencia ciudadana.

Proponen, asimismo, modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan actuar ante ocupaciones ilegales, ejerciendo en algunos casos como si fueran el propietario legítimo.

Otra de las medidas es reformar la ley de asistencia jurídica gratuita para ampliar las prestaciones y que se remunere a los letrados que intervienen en los MASC (Medios Adecuados de Solución de Conflictos), como si se tratara de un proceso judicial,

Los colegios de abogados de Madrid y Barcelona también proponen enmiendas al proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa basadas en el reconocimiento de la especialización en Infancia, Familia y Capacidad en cada partido judicial, con carácter general, y no sujeto a la carga de trabajo.

A su vez, reclaman la fijación de unas pruebas de especialización en Infancia, Familia y Capacidad para los jueces y magistrados, cuyo contenido corresponde delimitar al Consejo General del Poder Judicial.