Este convenio de colaboración renueva el firmado el año pasado en esta misma línea que permitió que las personas carentes de recursos económicos recibieran asesoramiento gratuito a través de los siete colegios de abogados de Galicia. En total participaron en este convenio 164 abogadas y abogados quienes dieron un servicio superior a las 1.100 horas de consulta.
El asesoramiento legal se ofrecerá mediante el servicio de orientación jurídica específico creado el año pasado al que pueden acudir los afectados. Según Evaristo Nogueira Pol, Presidente del Consello da Avogacía Galega, “como institución no podemos ser ajenos a la situación social de algunos colectivos. Llevamos un año colaborando con la Consellería de Infraestructuras y Vivienda y hemos mostrado un elevado compromiso que quiero agradecer tanto a los siete Colegios de Abogados como a todos los letrados que han decidido participar en ofrecer este asesoramiento legal de la máxima calidad. Consideramos que es nuestra responsabilidad continuar con este convenio de colaboración“.
Por su parte, Ethel Vázquez, Conselleira de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia subrayó que la Xunta continuará prestando asistencia y apoyo técnica a los colegios de abogados para el desarrollo correcto de sus funciones, destinando más de 50.000 euros la este convenio.
Funcionamiento del convenio
A través de este convenio se regula la colaboración entre el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo y el Consello da Avogacía Galega, creando los canales de información necesarios para evitar que personas en situación de desamparo pierdan su vivienda o, en su caso, consigan, al amparo de los programas de ayuda existentes, un inmediato realojo en viviendas de la Xunta de Galicia o el acceso a las ayudas para el alquiler de viviendas.
El Consello da Avogacía Galega pondrá a disposición de los letrados toda la información sobre las medidas del Gobierno gallego para apoyar a las familias en riesgo de perder su hogar. El asesoramiento y orientación comprenderá todos aquellos aspectos referidos a trámites de carácter administrativo o judicial en el ámbito relacionado con los derechos y obligaciones de las personas en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Además asesorará sobre todos los programas de ayudas aprobados por el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo que tienen por objetivo evitar la pérdida de la vivienda de aquellas personas que estén en situación de desamparo.
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